“Resulta contradictorio que a menos de una semana de haber anunciado la ‘reestructuración del pago de la deuda con el Club de París sin la intervención del FMI’, el Gobierno inicie gestiones para que este ‘denostado y demonizado’ organismo internacional ayude a elaborar un nuevo índice de precios”, indica un comunicado enviado por los ocho senadores que responden al vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara alta, Julio Cobos, que comenzaron a moverse al margen del bloque radical que lidera Gerardo Morales.

Los senadores en cuestión con Laura Montero (Mendoza), Blanca Monllau y Oscar Castillo (Catamarca), Eugenio “Nito” Artaza y José María Roldán (Corrientes), Ramón Mestre (Córdoba), Emilio Rached (Santiago del Estero), y Pablo Verani (Río Negro).

Monllau, Castillo y Roldán no integran formalmente el bloque radical en la Cámara alta, por lo que este grupo sería, a la hora de realizar un conteo, de cinco legisladores.

En el texto, al que tuvo acceso Parlamentario.com, se expresa: “Desde su llegada al Gobierno, el kirchnerismo se ocupó minuciosamente de desvincularse, demonizar y estigmatizar al organismo internacional, tildándolo como uno de ‘los grandes culpables’ de la debacle económica y social que sufrió el país a principios de este siglo. En el 2005, hizo un pésimo negocio financiero con el pago anticipado de toda la deuda que el país mantenía con el Fondo. Al mismo tiempo contrajo deuda nueva, ya que pidió ayuda al Gobierno de Venezuela, quien adquirió 5.100 millones de dólares en bonos soberanos de la Argentina. Nuestro país terminó pagando una tasa superior a la del mercado, mientras que el FMI ofrecía créditos al 6 por ciento anual.

Los cobistas sostienen que “el objetivo final del kirchnerismo fue librarse de la ‘molesta’ supervisión de las cuentas públicas que los técnicos del organismo internacional llevan a cabo, en forma obligatoria, cuando se trata de un país deudor, y en forma voluntaria, cuando no existen compromisos financieros de por medio” y que “al no tener auditoria externa de las cuentas del país, comenzaron a manipularse las estadísticas oficiales, perjudicando el prestigio institucional del INDEC.

Por otra parte aseguran que “contar con un índice de inflación preciso y confiable no es un detalle: permite distinguir entre variables reales y nominales, es decir, permite saber cuánto crece realmente el PIB o la recaudación tributaria; cuánto mejoran o empeoran las estadísticas sociales; permite además hacer cálculos más sólidos para el presupuesto del año entrante y, sobre todas las cosas, permite saber cuánto impacta sobre el bolsillo de los más humildes la evolución del índice general de precios, ya que la inflación es demostradamente el más regresivo de los impuestos”.

Finalmente, los legisladores aseveran que “las evidentes contradicciones nos conduce a una única conclusión: el Poder Ejecutivo niega en forma sistemática los problemas de inflación y desprestigia la estadística pública”, y concluyen: “Sería positivo que aceptara lo que la oposición, desde el Congreso, le ha venido proponiendo con instrumentos precisos y concretos, como el debate parlamentario en torno a la inflación, y marcos normativos, como la ley del INDEC”.