La diputada nacional del GEN Virginia Linares denunció nuevas irregularidades en torno al funcionamiento del Programa UBA XXII -Programa de educación en cárceles de la Universidad de Buenos Aires.

El Sistema Penitenciario Federal (SPF) tiene la función y obligación de otorgar posibilidades de formación educativa a los internos, que van desde planes de alfabetización hasta estudios universitarios. Estos últimos se desarrollan con grandes resultados para los reclusos en el marco de convenios con las diferentes universidades del país.

Pero los programas no se desarrollan en las condiciones regulares establecidas hace ya 25 años. Recientemente el director del programa UBA XXII, Leandro Halperín, denunció que el SPF paralizó las actividades del Centro Universitario de Devoto (CUD) “sin justificativo alguno”.

Con la excusa de que un grupo de internos organizaba secuestros virtuales vía teléfonos celulares desde el CUD, el 23 de septiembre el lugar fue allanado por orden judicial. Aunque las autoridades no explicaron cómo los reclusos ingresaron los aparatos ni avanzaron mucho más en la investigación -dijo Linares-, a partir de ese momento “inconsultamente el SPF suspendió las actividades universitarias, desplazó otras fuera de la órbita del CUD, desarmó pabellones de estudiantes y trasladó presos estudiantes a otras unidades penales”, relató Halperín a los medios.

“Este nuevo ataque injustificado del SPF contra el Programa UBA XXII es una evidente violación a los derechos establecidos en referencia al acceso a la educación y a los parámetros referidos a la progresividad de la ejecución de la pena, la Ley Federal de Educación, la Ley de Ejecución Penal Federal Nº 24.660, las normas mínimas para el tratamiento de reclusos y todos los pactos y tratados internacionales sobre Derechos Humanos a los que adhirió la República Argentina. Además, se están ignorando las autorizaciones judiciales firmadas por los jueces de cada detenido, que los habilita a cursar en los centros de estudio”, sostuvo Linares.

Ya en 2008 la UBA había presentado un recurso de amparo contra el SPF y la diputada Linares había elevado un Pedido de Informes donde se señalaba que el conflicto principal estaba dado por los constantes e injustificados traslados de los internos que interrumpían su concurrencia a clase y, de esa manera, perjudicaban la adecuada formación de los estudiantes, “para que el cumplimiento de su condena sea una instancia de aprendizaje y no una tortura”, según palabras de la legisladora.

El Programa UBA XXII es, en palabras de la diputada Linares “una experiencia inédita en el país que hoy exhibe entre sus mayores logros el casi nulo porcentaje de reincidencia en el delito de las más de mil personas que ya pasaron por sus clases. A través de UBA XXII se han entregado más de 100 títulos universitarios. Pero la función más importante que cumple el CUD es la social: es un espacio de igualdad y de respeto que, según declaran los internos, no se vive en los pabellones”.