El 30 de noviembre es la fecha prevista constitucionalmente para que termine el periodo legislativo ordinario. Ese mismo día, pensando en la agenda de 2011, se desarrolló una jornada pública en la Comisión de Legislación Penal. Hubo disturbios entre los manifestantes
El complejo y polémico tema de la despenalización del aborto comenzó a ser tratado en el marco de la Comisión de Legislación Penal, presidida por el diputado Juan Carlos Vega (CC), pero no se pudo emitir dictamen por estar fuera de término y, por lo tanto, la reunión termina siendo simbólica con el único objetivo de marcar la agenda del año próximo.
La convocatoria fue impulsada por la diputada de centroizquierda Cecilia Merchán (Proyecto Sur), en el marco de las iniciativas llevadas adelante por la Campaña Nacional por un Aborto legal, seguro y gratuito.
Durante el encuentro participó la directora del área de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, Mariane Mollmann, quien emparentó el rechazo al aborto al rechazo a la anticoncepción moderna. A su juicio, ello “amerita un severo análisis crítico porque tiene consecuencias severas sobre la salud de las mujeres”.
Remarcó la dirigente danesa que “el 40% de las mujeres practican un aborto, pese a que ninguna mujer se embaraza para poder abortar, y la penalización del aborto lejos de desincentivar la práctica la vuelve peligrosa”.
Señaló también que “la Convención Americana incorporada a la Constitución argentina dice que será protegido el derecho a la vida `en general` desde el momento de la concepción porque se reconoció permitir legislación local no restrictiva del aborto”.
Mollman sostuvo que la despenalización y reveló que en el país “se practican 450 mil abortos por año”, con lo cual “se pone en peligro la vida de las mujeres con los abortos clandestinos. Hay casos en los que se los practica con agujas de tejer, sondas, tallos de perejil y hasta revólveres”.
De la reunión también participaron las legisladoras a favor del proyecto, Juliana di Tullio (Frente para la Victoria), María Luisa Storani (UCR), Cecilia Merchán (Libres del Sur) y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), entre otros. Precisamente Di Tullio señaló que “en nuestro país la principal causa de mortalidad materna es el aborto, dado que son más de 500 mil al año”.
Al contrario de lo que ocurrió con el Matrimonio Igualitario, este tema no tiene el aval de la Presidenta. En cambio, varias diputadas oficilistas apoyan este reclamo por parte un sector de la sociedad que enfrenta a otro que se opone.
Antes de la jornada pública en la Comisión, se presentó un documento con el apoyo de varias figuras masculinas.
El marco fue alterado por la presencia de manifestantes de los dos sectores que produjeron algunos altercados, que terminaron con un detenido.
El documento
“El aborto no es sólo un problema de las mujeres, es de toda la sociedad”
“Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos.
Asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen y consideramos a la persona en su dimensión física e intelectual como una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.
En esa perspectiva de derechos humanos y garantías es que reconocemos la diversidad de posiciones existente y la tomamos en serio y por ello queremos dialogar y debatir para construir una sociedad más equitativa.
El tema de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo evoca convicciones fuertes y variadas que comprende el área de la responsabilidad social, la inequidad de género que afecta gravemente a las mujeres, la situación económica, las estadísticas que nos muestran que la prohibición del aborto continua provocando muerte y desolación.
Esta situación nos llama a buscar, construir y proponer nuevos caminos que ponga fin a tal mortalidad relacionada con abortos realizados en la clandestinidad y que coloca a las ciudadanas de nuestro país en situación de vulnerabilidad.
Hay un discurso muy fuerte desde distintos sectores, que intentan reducir el debate sobre el aborto a una cuestión religiosa, a un delito o a un capricho del “feminismo”.
Las mujeres, niñas y jóvenes que llegan a optar por interrumpir voluntariamente un embarazo, pueden ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra novia, nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, de estudio o nuestra vecina.
Entre otros factores, muchas mujeres, llegan a tomar esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso.
Sea cual fuera, todas ellas tienen que interrumpir su embarazo clandestinamente, las que tienen dinero lo hacen en condiciones sanitarias adecuadas, las que no tienen el dinero, lo hacen expuestas a condiciones que las llevan a engrosar las listas de miles de mujeres hospitalizadas o es una de las 100 mujeres que mueren por año en nuestro país, por un aborto clandestino mal practicado.
Entendemos que el problema no es religioso, la mayoría de las 500.000 mujeres que se practican un aborto, son católicas, evangélicas, judías o profesan algún credo, también lo fueron aquellas que murieron por esta causa.
Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar.
La legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas.
La mayoría de las mujeres que tienen que tomar una decisión de este tipo, no lo hace con liviandad o por gusto, es un dilema ético y psíquico y que la marca profundamente; la penalización del aborto solo la empuja hacia más clandestinidad y la expone a realizarlo en condiciones inadecuadas, con riesgos de complicaciones, incluyendo la muerte.
La justicia y la protección de sus derechos no llegan nunca para ellas. La ilegalidad también refuerza la condena social, la culpa y la estigmatización. Son las mujeres más pobres quienes tienen que cargar con todo esto.
Uno de los principales obstáculos en nuestro país para avanzar a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es el poder económico de un negocio ilegal organizado que mueve mil doscientos millones de pesos por año en nuestro país.
Como varones reconocemos que la realidad del embarazo y del aborto es un tema eminentemente complejo y que compete a la libertad tanto ciudadana como religiosa y de profundo respeto a la libertad de conciencia como espacio sagrado.
La penalización del aborto, hace que los derechos a la libertad y a la dignidad de las mujeres se encuentren cercenados en nuestro país.
Coincidimos con las recomendaciones de Amnistía Internacional y con la decisión de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Comahue y Mar del Plata que se manifestaron a favor de que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo.
En función de estas consideraciones como varones planteamos:
* Nuestra exigencia para que el Estado garantice y lleve adelante el cumplimiento de la Educación Sexual en las Instituciones Educativas y en aquellas instituciones que lo requieran.
* El libre acceso a Anticonceptivos para todas las personas.
* Nuestro apoyo a todas las iniciativas que legalicen el aborto.
* Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal seguro y gratuito para no morir”.
