La iniciativa de Sonia Escudero es acompañada por los radicales Ernesto Sanz y Alfredo Martínez. También se sumó el salteño Juan Carlos Romero, compañero de bancada de la legisladora del Peronismo Federal.
La senadora Sonia Escudero presentó una iniciativa de ley para proteger a los deudores hipotecarios “que hubieren contraído deudas con acreedores no bancarios y que, a pesar de haber ingresado en los sistemas de refinanciación aprobados por el Congreso luego de la crisis del 2001/2002, aún corran riesgo de perder sus viviendas”.
El proyecto es acompañado por los radicales Ernesto Sanz, que es el presidente del partido, y el santacruceño Alfredo Martínez. También se sumó el salteño Juan Carlos Romero, compañero de bancada de la legisladora del Peronismo Federal.
La ley 25.798, que fue sancionada en 2003, creó un Sistema de Refinanciación Hipotecaria para deudores, tanto con bancos, como con acreedores no bancarios. Para este último caso, se le exige al acreedor presentar cierta documentación, principalmente “un certificado de cumplimiento fiscal en donde se pueda constatar que el dinero prestado estaba en blanco y había pagado los impuestos de rigor”, explicó Escudero en un comunicado al que tuvo acceso Parlamentario.com.
Después se aprobó la ley 26.167, en 2006, aclarando algunos aspectos de la norma anterior y que, además, fijó topes al monto al momento de recalcular las deudas. Además se dispuso también un plazo de 90 días desde la sentencia del juez para que el deudor se presente, haga todos los trámites y pague.
Para la senadora salteña, el problema “es que ninguna de las dos leyes antes mencionadas estableció un plazo para que el acreedor presente la documentación requerida”, y detalló: “Lo que sucede, en numerosos casos, es que el acreedor no efectúa la presentación correspondiente, por lo que se siguen acumulando intereses, y el deudor no puede levantar la hipoteca”.
La iniciativa plantea una solución en relación con el tema: da un plazo de 90 días al acreedor para que presente la documentación antes referida. Caso contrario, el Banco Nación, como fiduciario, puede presentarse en el expediente, depositar el dinero judicialmente a favor del acreedor, y retirar la hipoteca. Escudero aseguró que de esta forma “se le soluciona el problema al deudor que cumple con todo lo que exige la ley.
El proyecto también prevé que la entidad bancaria remita los datos a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que investigue si se trata de un caso de lavado de dinero, financiación de terrorismo, o algún otro delito investigado por el organismo oficial.
