La Camara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó el proyecto de ley que dispone la cobertura de tratamientos de fertilidad asistida.
La Camara de Senadores bonaerense sancionó el proyecto de ley que dispone la cobertura del tratamiento para los afiliados al IOMA, propone convenios para que las demás obras sociales lo incluyan y establece un “programa especial” para quienes no tengan cobertura social.
Luego de varias idas y vueltas, la Comisión de Salud Pública de la Legislatura bonaerense, que preside el diputado sciolista Roberto Passo, unificó en un solo proyecto la iniciativa presentada por el Ejecutivo junto con otras cuatro de diferentes diputados y dio despacho favorable a la tan anunciada Ley de Fertilización Asistida. Luego recibió el apoyo de todas las bancadas en el recinto.
El proyecto en cuestión, ahora sancionado por el Senado también por unanimidad de los presentes, dispone la cobertura del tratamiento para los afiliados al IOMA, propicia convenios para que las demás obras sociales lo incluyan y establece un “programa especial” para quienes no tengan cobertura social.
La iniciativa obliga al Estado a garantizar ese tipo de tratamiento a “los habitantes de la provincia de Buenos Aires con dos años de residencia, preferentemente a quienes carezcan de toda cobertura médica”. Para ello, se contará con cuatro centros de referencia en el territorio bonaerense. Según se informó, los hospitales públicos que se ocuparán de estas patologías serán el “San Martín” de La Plata, “Güemes” de Haedo, “Alende” de Mar del Plata y “Penna” de Bahía Blanca, donde ya se reciben entre 50 y 100 consultas mensuales por problemas de fertilidad.
El proyecto sancionado es el resultado de la unificación de diferentes iniciativas: una del Poder Ejecutivo, y otras cuatro de los diputados bonerenses del FpV/PJ Juan De Jesús y Marcelo Feliú, del Peronista Federal Juan Carlos Píriz y Pedro Simonini de la CC.
La Cámara baja consideró “importante” la creación, a través del articulado del proyecto, en el ámbito de la autoridad de aplicación de “un Comité de Ética transdisciplinario a fin que examine la problemática desde los aspectos médicos, morales y sociales que la misma involucra”.
Asimismo el también oficialista Marcelo Feliú aseguró que “la solución definitiva depende de una legislación nacional, por lo tanto desde la provincia lo que pretendemos, en primera instancia, es que los afiliados a la obra social IOMA tengan esta cobertura. Porque esto es resorte exclusivo de la obra social provincial”.
“En segunda instancia -agregó Feliú- y quizá el aspecto más igualitario y de justicia distributiva más importante de este proyecto, es que aquellas bonaerenses que no tengan cobertura social, puedan, a través de los hospitales públicos provinciales, tener la cobertura y así ser asistidos a los tratamientos de fertilidad”.
“Y tercero, aquellos bonaerenses que tienen cobertura en otras obras sociales o prepagas, que depende de una legislación nacional y que nosotros por una ley provincial no podemos obligarlas, facultamos al gobernador para que pueda celebrar convenios con estas obras sociales y así comiencen a cubrir los tratamientos de fertilidad” concluyó el diputado bahiense, que se mostró confiado en que pronto una legislación nacional incluya a las obras sociales y prepagas dentro de los planes médicos obligatorios.
Además de los puntos anteriormente mencionados, el proyecto dispone “la regulación, control y supervisión, de los centros médicos que realicen tanto los diagnósticos como los tratamientos de la infertilidad, y los procedimientos de la fertilidad asistida”, la elaboración de “estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de esta problemática” y “efectuar campañas de información y prevención con el fin de informar a la población de las posibles causas de este padecimiento y los tratamientos existentes”.
Uno de los puntos principales de la iniciativa es el que reconoce a la infertilidad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la OMS, entendiendo a ésta como la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente llevando un embarazo a término después de un año de vida sexual.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud bonaerense, dos de cada diez personas padecen esta enfermedad, y una de cada seis parejas. También se aseguró que “el Estado tiene que marcar la presencia, garantizar el derecho a la salud y fundamentalmente, el primer derecho, que es el derecho a la vida”.
