A pesar de la fructífera tarea del cuerpo legislativo, quedaron pendientes varios temas de importancia, como la Ley de Educación, aborto no punibles, sistemas de partidos políticos, código electoral, entre otros.
A partir del 10 de diciembre último la Legislatura se manejó -en buena parte- con autonomía del Ejecutivo, tal como lo prevé la Constitución. Al oficialismo le fue difícil cooptar aliados a la hora del tratamiento de temas considerados cruciales para la gestión PRO.
Así, el Parlamento ha podido desempeñar con independencia sus principales funciones: legislar, representar y vigilar al Ejecutivo, a la vez que se pudo vislumbrar que adquirió un mayor grado de responsabilidad sobre sus actos.
La nueva composición llevó a suponer que la oposición -siete bloques y cuatro monobloques- se unificaría para bloquear sistemáticamente la agenda del Ejecutivo; pero a un año, ese escenario no se ha dado, aunque el procesamiento del jefe de Gobierno, Mauricio Macri y de algunos de sus ministros por la causa de las escuchas ilegales marcó una crisis en la relación entre el oficialismo y la oposición. En rigor se vivieron períodos de crispación, pero felizmente y a pesar de los mencionados momentos de tensión, el agua no llegó al río.
Este panorama lanzó un nuevo reto al trabajo legislativo, ya que al no existir en la Legislatura un bloque con mayoría absoluta, el tejido de alianzas se hizo más cuesta arriba. A pesar de todas las dificultades, el Cuerpo ha cumplido una significativa tarea, habiendo registrado un trabajo que ampliamente es graficado por las siguientes cifras: proyectos de ley presentados 846; de resolución 837; declaración 926 y 220 fueron las leyes aprobadas.
Sin embargo, la Legislatura dejó sin dictamen iniciativas de suma importancia para la Ciudad y sus habitantes. Los proyectos que quedaron pendientes son: Ley de Educación, Traspaso de competencias hacia las comunas, reglamentación de abortos no punibles, sistema de partidos políticos y el Código Electoral de la Ciudad, entre otros.
Ley de Educación
Desde la sanción en 1991 de la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos y la Ley Federal de Educación, las políticas educativas destinadas a la población joven y adulta de la Ciudad han quedado relegadas a tal punto de desaparecer de la agenda, ya que los desencuentros políticos surgidos entre la bancada del PRO y el arco opositor imposibilitó continuar el debate abierto en 2008 tendiente a sancionar una ley de Educación.
Hay un número importantes de proyectos de ley de Educación en el Parlamento. De ellos se desprende, con sus matices, la coincidencia de que si bien no se puede predecir el futuro, existe la certeza de que la educación, la ciencia y la tecnología jugarán un papel central en él.
Las propuestas promueven, en general, una educación integral que forme ciudadanos, desarrollando todas las dimensiones de la persona y una adecuación a los cambios culturales, sociales y tecnológicos del nuevo siglo que afrontamos; el espíritu pluralista y democrático, es también, el denominador común que abunda en los respectivos textos de ley.
Los proyectos coinciden en señalar que el Estado establece, administra, regula y supervisa la educación impartida por las unidades educativas ubicadas dentro de su territorio y que debe garantizar a la población el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y a los regímenes especiales en los casos que correspondan. A tal fin es su obligación crear, regular y supervisar los servicios educativos necesarios dando activa participación a la familia como institución natural y agente primario de la educación y a la comunidad a través de sus organizaciones sociales.
En el mismo sentido, las propuestas señalan que la Educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben estar garantizados por el Estado. Al respecto se remarca que constituye una política de Estado y que el mismo tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral y de calidad, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho.
Transferencia de competencias
Las Comunas deben ser punta de lanza para la participación popular, la promoción de cada barrio y el avance en la resolución de la inequidad territorial actualmente existente en la Ciudad. La esencia de las propuestas de las Comunas es revertir el quiebre de representación política que hoy sufren los ciudadanos y usar las mismas como instrumento para una mejor administración del dinero público, un mayor control y una creciente participación de los vecinos, siendo un elemento clave para disminuir las diferencias entre el norte y el sur de la Ciudad y hacia adentro de cada barrio. Las sedes de las comunas se deberían –aún es incierto el espacio en el que quedarán ubicados finalmente- asentar en los centros naturales de actividad, tránsito y reunión de cada uno de los barrios.
Las Comunas como unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial deberán tener competencias concurrentes con el Gobierno central de la Ciudad en el cumplimento de las normas de uso de los espacios públicos y el suelo, que significarían una ingerencia local directa sobre los emprendimientos urbanísticos que quisieran desarrollarse en sus territorios.
También se prevé la inclusión de las redes en el esquema político administrativo, aunque no llevó a cabo el programa de transición anticipatorio que, coparticipado entre el Ejecutivo y Legislativo, instituciones académicas y organizaciones vecinales, defina la transferencia de competencias y ensayase la relación Gobierno local-comunidad.
Abortos no punibles
La normativa que se pretendía aprobar -una propuesta consensuada entre los todos los bloques pero a los que atraviesa también transversalmente- tiene por objeto regular el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles contemplados en los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal, en total concordancia con lo establecido en las leyes 153 y 418.
Al respecto el proyecto que, por este año quedó postergado, establece en su articulado que el sistema de salud de la Ciudad debe brindar a la mujer: realización del diagnóstico, de los estudios y de las intervenciones médicas necesarias para la interrupción segura del embarazo; acceso a tratamiento psicoterapéutico desde la primera consulta y mientras resulte necesario; la consejería en salud anterior y posterior a la interrupción del embarazo para la mujer y eventualmente para su pareja, que incluya información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos e información sobre prevención de HIV y otras ITS.
Casos de peligro para la vida de la mujer: Para la constatación de los casos de peligro para la vida de la mujer causado o agravado por el embarazo que no pueda ser evitado por otros medios, previstos en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal, el/la médico/a tratante deberá fundar su diagnóstico en los estudios pertinentes.
Casos de peligro para la salud de la mujer: Para la constatación de los casos de peligro para la salud integral de la mujer causado o agravado por el embarazo que no pueda ser evitado por otros medios, previstos en el artículo 86 inciso 1º del Código Penal, el/la médico/a tratante procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior.
Casos de violación: Para la constatación de los casos de violación, previstos en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal, el/la médico/a tratante solicitará a la mujer o a su representante legal que suscriba una declaración en la que manifieste dicha situación, la que será incorporada en la historia clínica. Si se hubiere efectuado denuncia judicial o policial, bastará con su exhibición y registro en la historia clínica.
En los casos en que la mujer fuese menor de 18 años, se procederá de acuerdo a lo previsto por el art. 39º de la Ley 114.
Sistema de partidos políticos
Poseer un sistema de partidos políticos tiene por objeto reglamentar y regular la constitución, registro, organización, funcionamiento, derechos y obligaciones de los Partidos Políticos y Alianzas en el marco de lo dispuesto por los artículos 38 de la Constitución nacional y 61 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo aún no se logró el acuerdo necesario para que ello se cristalice en un cuerpo normativo.
Sin temor a caer en la reiteración, cabe destacar que los partidos políticos locales y comunales son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política de la Ciudad. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de los candidatos idóneos para cargos públicos electivos.
A través de ellos se garantiza a los ciudadanos el derecho a la asociación política para agruparse en partidos políticos democráticos locales o comunales. Y se garantiza a las agrupaciones el derecho a su constitución organización, gobierno propio y libre funcionamiento como partido político, así como también el derecho de obtener el reconocimiento de su personería jurídico-política para actuar en la Ciudad o Comuna, de acuerdo con las disposiciones y requisitos que establecerá seguramente el próximo año.
Al respecto es bueno resaltar que todos los proyectos sobre este y con estado parlamentario coinciden en señalar que los partidos políticos locales o comunales reconocidos, son personas jurídicas de derecho público, de acuerdo con las disposiciones de la legislación común y el presente ordenamiento; así, como en esta cláusula la mayoría absoluta de los bloques legislativos tienen coincidencias en cuanto al contenido que debería tener una ley de partidos políticos, sin embargo todavía, desde 1996, no puede ver la luz.
Código electoral
En esta norma se establece la regulación de todos los actos electorales e institutos de democracia semidirecta establecidos por la Constitución de la Ciudad. Se garantiza a los habitantes de la Ciudad el pleno ejercicio de sus derechos electorales conforme a los principios republicano, democrático y representativo y también se determina como ocurre a nivel nacional que el sufragio es individual, libre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo. Sin embargo aún no pudo consensuarse ningún proyecto que reúna el acuerdo necesario y dotar a Buenos Aires de un cuerpo normativo tan importante. Los porteños, aún deben seguir rigiéndose por lo establecido en el Código Electoral Nacional.
Es bueno recordar que sobre esta normativa se vuelcan, por ejemplo, los derechos y obligaciones electorales de los ciudadanos; quiénes reúnen la calidad de electores. También las personas que podrán ser incorporadas –desde los 18 años cumplidos- al Registro Nacional de Electores y no inhabilitados de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional Electoral o incorporados al Registro de Electores Privados de la Libertad, ambos administrados por la Justicia Federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires; a través de esta norma también se regula los que son incorporados al Registro de Electores Extranjeros o al Registro de Electores Habilitados Únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, y no se encuentren alcanzados por alguna inhabilidad.
El Código también debiera determinar que todas las funciones que se le atribuye a los electores constituyen carga pública y son irrenunciables.
Y también especifica los casos en que alguien se encuentra inhabilitado para ejercer el sufragio, entre otras muchas tipificaciones y requisitos como lo hace el Código Electoral Nacional y con el que actualmente se rigen las elecciones de la Ciudad.
