El 3 de diciembre nuevamente se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. El objetivo de su surgimiento fue instar a los Estados Miembros a realizar labores de difusión y promoción de acciones de integración social y laboral, como así también efectuar una recopilación de los logros obtenidos durante el transcurso del año que finaliza para tomar conciencia de lo que resta concretar.

Nuestra provincia fue pionera respecto de la aspectos educacionales (desde 1949), sociales (especialmente desde el advenimiento de la democracia con prestaciones como los centros de día, hogares y talleres protegidos, todos ellos hoy en crisis) y, a nivel Salud, con la creación y puesta en marcha del Programa Provincial de Rehabilitación (aunque sin presupuesto acorde a su importancia, ni Dirección específica de la que depender).

Sin embargo, aún persiste una deuda neurálgica hacia las personas con discapacidad: la de la integración laboral, ya que a pesar de los lineamientos de avanzada que contiene el Régimen Básico de Protección de las Personas con Discapacidad (ley 10592/87, decreto reglamentario 1149/90), y la normativa sobre accesibilidad arquitectónica, éstos distan de verse cumplidos de manera cabal.

Asimismo, es de hacer notar el retraso que experimenta el tratamiento de diversos proyectos de ley, relacionados con el área laboral o previsional, que permanecen en comisiones durante mucho tiempo, pierden el estado parlamentario y, finalmente, se archivan.

También los Organismos de Aplicación suelen ser funcionales a situaciones injustas, en especial con quienes tienen grandes dificultades para demandar, hacer piquetes u otras maneras de reclamar, que requieren capacidades que estas personas suelen no disponer.

Si bien nuestro país ha ingresado en el marco de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instrumento emanado de la Organización de las Naciones Unidas, aceptado y aprobado por nuestro país mediante la Ley 26.378 y que hemos sido una provincia adelantada en muchos aspectos, respecto de las acciones en pro de las personas con discapacidad, la igualdad en el acceso laboral y la supresión de las barreras arquitectónicas, constituyen derechos aún no satisfechos para la amplia mayoría de los destinatarios del próximo festejo.

Por lo expuesto, a pesar de que los legisladores elaboramos las leyes, representando a toda la comunidad – dentro de la cual más del 10% son personas con discapacidad de acuerdo al Registro del Ministerio de Salud de nuestra provincia- la responsabilidad de que se pongan en práctica y se respeten es de toda la comunidad, y, principalmente, de los funcionarios que tienen a su cargo las áreas pertinentes en cada Ministerio.

Asumamos todos, entonces, el compromiso para que el 3 de diciembre del año 2011 nos encuentre con un progreso evidente y comprobable a través de indicadores objetivos, en la calidad de vida de nuestro pueblo y, en especial, de quienes deben afrontar el desafío de la discapacidad.

(*) Senador bonaerense (CC-ARI)