El regreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina está generando una expectativa muy fuerte, muy grande. No sólo a nivel de la oposición, sino también dentro del propio Gobierno, donde se han generado diferencias sustanciales entre algunos funcionarios, justamente por lo que se ha calificado “como un paso atrás” con respecto al organismo multilateral.

Uno de los rumores que empieza a trascender con insistencia es que la gente del FMI va a ser mucho más que un “trabajo técnico” como lo presentó el Gobierno, especialmente el ministro de Economía, Amado Boudou.

“Este tema –indudable- que va a generar un mayor costo político. Hay un acuerdo con el FMI para no difundir nada, pero los funcionarios del organismo se van a meter con muchos números del país”, puntualizó una fuente gubernamental.

Esa misma fuente, que está en contra de lo que se ha denominado una nueva misión del organismo -después de casi cuatro años que no venían a Buenos Aires gente del FMI- consideró que uno de los aspectos centrales que serán cuestionados, además de las estadísticas y el Indec, es el gasto público.

“Ellos saben que hay problemas graves con el tema del proyecto de Presupuesto para el próximo año y por lo que sabemos van a cuestionar mucho el aumento del gasto público”, señaló el mismo funcionario.

Algunos asesores del Ministerio de Economía admiten que los organismos internacionales siempre han cuestionado, en la administración kirchnerista, la expansión del gasto.

Lo que ocurre es que ahora hay una clara diferencia, ya que una cosa es cuestionar desde afuera, frente a un Gobierno que no le dio la más mínima importancia a sus expresiones u opiniones sobre Argentina y otra, muy distinta, es hacerlo en el propio territorio.

“Igualmente, las críticas serán internas. Es claro que hubo un acuerdo con la gente del FMI y del Club de París para que las críticas y objeciones que puedan elaborar los funcionarios extranjeros no se difundan”, agregó otra fuente del Palacio de Hacienda.

Claro que esas críticas se van a conocer entre los operadores económicos internacionales e inversores. Por más que haya perfil bajo en este tema, es indudable que el Poder Ejecutivo se sentirá incómodo si trascienden esas objeciones, porque en definitiva, van a afectar la credibilidad sobre la Argentina, un problema ya endémico de nuestro país.