La Unión Cívica Radical se mete de lleno en la causa contra Ricardo Jaime: los diputados y senadores impulsan la creación de dos comisiones para investigar casos de corrupción.

El radicalismo presentará dos proyectos en el Congreso. El primero establece la conformación de una Comisión Bicameral de Control de la Corrupción Estatal, mientras que el segundo impone la creación de otra comisión, pero en la Cámara alta, que realizará un seguimiento de la investigación sobre el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

“Vamos a presentar, en la sesión del 15 de diciembre, un proyecto de creación de una Comisión Investigadora integrada por siete miembros, en al ámbito del Senado”, aseguró el jefe del bloque radical en la Cámara alta, Gerardo Morales. Por su parte, el líder de la bancada en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, dijo que la iniciativa sobre la Bicameral –ingresará en la Cámara baja- intentará “darle jerarquía constitucional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Morales y Gil Lavedra realizaron estos anuncios durante una conferencia de prensa realizada en el Comité Nacional de la UCR, en la que también formó parte el senador y presidente del partido, Ernesto Sanz. También asistió el secretario general, Jesús Rodríguez.

Como la sesión especial en la Cámara alta fue convocada por el Poder Ejecutivo nacional, la agenda de temas a tratar sólo puede ser definida por el Gobierno. Es por ello que Morales manifestó que el proyecto es de resolución y no de ley, algo que es permitido, como dijo el jujeño, por “el artículo 87 del reglamento” del Senado. El legislador expresó también que la intención del radicalismo es “citar al ministro de Planificación, Julio de Vido; al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y al ex secretario Ricardo Jaime”.

En cuanto a la Bicameral, Gil Lavedra señaló que la misma “no se trata de una investigadora, va a tener amplias facultades, podrá tomar vista, requerir informes”, entre otras cosas, y agregó: “Queremos dar un paso concreto porque la corrupción va a debilitar la confianza en la democracia representativa”.

Por su parte, Sanz sostuvo que “en 2008, menos del dos por ciento de las investigaciones por corrupción fueron elevadas a juicio”, y detalló: “La Oficina Anticorrupción, que depende del Ejecutivo, durante 2009 formuló sólo 18 denuncias penales, a pesar de tener 7.234 carpetas de investigación iniciadas”.

Finalmente, el mendocino declaró que “el Ejecutivo no ha informado a la ciudadanía sobre medidas adoptadas contra la corrupción y no produce información confiable”, y concluyó: “El tema de la corrupción en la esfera de la administración pública necesita respuestas hoy”.