Tal cual se había anticipado, este fin de semana la Coalición Cívica confirmó que Elisa Carrió será su candidata presidencial. La noticia -que también había trascendido previamente- fue que el diputado Adrián Pérez acompañará a la jefa de su bloque como candidato a vicepresidente.

De todos modos, la CC aclaró que está dispuesta a hacer alianzas, siempre y cuando no se traicionen “códigos éticos”.

En su discurso, Carrió lanzó un velado mensaje hacia sus ex socios del ACyS al señalar que “los que no cumplieron los acuerdos fueron los otros, los que traicionaron al campo prometiéndoles rebajas en las retenciones”.

En referencia a los hechos de Soldati, la diputada de la CC dijo que “en estos días se ha sacado lo peor de nosotros. Seguramente un asesor de imagen ha decidido que traía votos apelar al miedo interno para asustar al otro”.

En su mensaje, Carrió se autodefinió como “más grande, pero más sabia”, y aseguró que “podemos conducir colectivamente a esta Nación a la paz, a la libertad, a una gran sociedad de clase media, donde no haya pobres mendigando en la calle”.

Sostuvo que “hace falta autoridad, autoridad que no da el poder, sino la conducta. Es necesaria la ejemplaridad en el ejercicio del poder”.

Pensando en un eventual gobierno suyo, Carrió dijo que “no creemos en la división de clases, ni en el estatismo a ultranza”, habló de una reforma del sistema jurídico que “premie la verdad y castigue la mentira”, como así también a atacar “el flagelo de la corrupción y el narcotráfico” y a garantizar la salud y educación pública de “excelencia para todos”.

“Vamos a garantizar la gobernabilidad”, sostuvo la diputada antes de mandar un mensaje hacia “los mafiosos”, advirtiéndoles que ella no está dispuesta a irse “en helicóptero” de la Casa Rosada.

Su compañero de fórmula también hizo uso de la palabra, criticando a los gobiernos nacional y porteño por el manejo de la toma del Parque Indoamericano. Según Pérez, hubo allí “dos cabezas, poca conducción, poca competencia e inseguridad para toda la población”.

Precisamente sobre este tema la Asamblea Nacional del Partido CC-ARI emitió el siguiente comunicado:

“Los trágicos sucesos que se desarrollaron en el Parque Indoamericano y sus inmediaciones son producto de la ausencia de políticas públicas de inclusión por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. Ambas administraciones han ocultado sistemáticamente la problemática de la pobreza, de la crisis habitacional, y el retiro progresivo del Estado trajo como consecuencia la ausencia de infraestructura suficiente para contener una demanda social creciente. El ocultamiento, la mentira, constituyen una violencia simbólica irreparable porque representan el desinterés de los estados en cambiar esa realidad. Se oculta porque no se puede aceptar, se oculta porque resulta imposible hacer coherente un discurso de progreso con las condiciones sociales estancadas desde hace años. Además de la mentira como herramienta del discurso político para confrontar a la realidad, los gobiernos extremaron la violencia, saliendo del terreno simbólico para sostener un discurso de la acción claramente violento.

“El Gobierno de la Ciudad miente cuando dice que no tiene recursos para sostener la situación social de la Ciudad, porque sub-ejecuta el presupuesto social votado por ley. El Gobierno de la Nación miente cuando pretende disociarse de la situación porque es el responsable de la represión feroz de la Policía Federal. E incentiva el conflicto al incumplir con las políticas sociales de vivienda que lleva adelante tanto en el sur de la Ciudad como en el conurbano bonaerense. Ambos gobiernos han accionado contra los pobres, han ejercido una política de agravamiento de la conflictividad social y abandono de la infraestructura estatal.

“Es indispensable pensar las reacciones de los dos gobiernos en el momento en que estos ocultamientos se expusieron como realidad. La primera vez en la historia que se mediatiza el proceso de toma y consolidación de un asentamiento, tuvo una reacción política sumamente irresponsable y de especulación electoralista que dieron como resultado la noche del 10 de diciembre. Lejos de contener la situación, los gobiernos fueron quienes encendieron la mecha de un tenso enfrentamiento entre vecinos de la ciudad formal e informal. Desde el momento que se decide desalojar sin presencia estatal más que la autarquía de las fuerzas de seguridad (Policía Federal y Policía Metropolitana), los gobiernos estaban encaminados en reaccionar consolidando su decisión de ocultar. La represión no fue respuesta a la gravísima situación del narcotráfico a la que aludieron los argumentos falaces de Macri y Fernández, sino la consecuencia del accionar desorganizado de las policías y la no mediación por parte de los ministerios sociales.

“Podrían haber tomado el camino del diálogo inmediatamente después del funesto desalojo, pero el costo político de la mediatización de las dos muertes fue demasiado alto y empezó la disputa discursiva. En primer lugar, los aparatos de ambos estados reprodujeron información que exculpa a las fuerzas policiales de las muertes; en segundo lugar, los referentes de máxima responsabilidad comenzaron una discusión (mediatizada) teñida de oportunismo político. No buscaron soluciones, les hablaron a sus supuestos electorados. La irresponsabilidad política instigó el conflicto entre vecinos para que sean ellos quienes accionen la reproducción física de la violencia discursiva de los gobiernos. Ese accionar deliberado es la muestra más cabal del cinismo y la inmoralidad política.

“Desde nuestra fuerza llamamos a todas las instituciones a dirigir su accionar hacia la pacificación de este conflicto. Solicitamos el pronto esclarecimiento de los asesinatos y exigimos a los gobiernos un pronto acuerdo para garantizar la resolución del conflicto social respetando el derecho al disfrute del espacio público”.