Un grupo de diputados visitó el Centro Universitario Devoto y mantuvieron una reunión con los detenidos alojados allí, tras lo cual hicieron conocer su preocupación por “el avasallamiento, desmantelamiento y ataque que viene sufriendo el Programa UBA XXII de parte del Servicio Penitenciario Federal. En este sentido transmitimos nuestra solidaridad y acompañamiento a los estudiantes del Centro Universitario Devoto”.

Señalaron los legisladores que el Centro Universitario Devoto es desde hace 25 años una instancia valiosísima que ha permitido que más de 50 personas obtengan un título universitario en el encierro, y ha sido ejemplo para el país y el mundo, por su modelo sustentado en la autogestión de los estudiantes universitarios, justamente lo que hoy se ataca.

Participaron de la visita la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda Pérez; Francisco Mugnolo y Ariel Cejas (Procuración Penitenciaria), Roberto Cipriano (Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura), Alcira Daroqui (directora de la Carrera de Sociología de la UBA), Inés Lila Izaguirre (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), Julio Raffo y Delia Bisutti (legisladores porteños, de Proyecto Sur), Oscar Castelnovo (Agencia Rodolfo Walsh), Alejandro Enrique (Secretario de Extensión y Cultura, Facultad de Ciencias Sociales), Mariana Fernández Camacho (Asociación Civil Venas Abiertas), Lidia Ester Pérez y Carlos Alvarado (INADI), entre otros.

“Afirmamos la certeza de que la educación es fundamental para la inclusión social de los detenidos y que desde el Estado deben generarse mayores instancias educativas y laborales en ámbitos de encierro”, señalaron en el comunicado emitido tras la reunión, en el que agregaron que “en el marco de la grave situación de violaciones de Derechos Humanos, torturas, malos tratos y condiciones inhumanas de detención que se vive en las cárceles y lugares de detención de la Nación y las provincias, urge fortalecer legalmente herramientas que sostengan procesos educativos como el CUD. Asimismo deben crearse con urgencia, los mecanismos de control de lugares de detención previstos por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, y en cuya implementación el Estado Argentino se encuentra en mora.

Ante este reclamo este miércoles recibieron la noticia del acta acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Universidad de Buenos Aires que ha sido firmada por el ministro y el rector, donde se cumplen gran parte de los reclamos como el funcionamiento de las clases en el CUD, los talleres extracurriculares, los elementos de trabajo de la Universidad entre otros.