El arco opositor que conforma Comisión Investigadora Especial de la Legislatura porteña que intentó dilucidar la responsabilidad política del jefe de Gobierno, en la causa de las escuchas ilegales emitió su dictamen en el que considera que los hechos considerados no integran un conjunto de sucesos aislados sino son un sistema diseñado.
En ese sentido la CEI sostiene que no fueron simples errores administrativos o políticos surgidos de una tramitación rigurosa y seria de las cuestiones públicas, ni son el resultado de contingencias adversas que impactaron sobre un proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas.
Señala al respecto que por el contrario, es un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del gobierno trasmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración.
En ese línea recomienda que la Legislatura debe sancionar una ley que precise el alcance que tiene el artículo 92 de la Constitución de la ciudad; la promoción de la renuncia del Ministro montenegro; creación de una base pública de empleados del GCBA; reglamentación de los artículos 80 inc. 8, y 104 inc 3 de la Constitución de la CABA: sobre la remisión por el Poder Ejecutivo de los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales suscriptos; creación de la Oficina Anticorrupción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sanción de la Ley de Ética Pública y Transparencia en la Función Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; establecer modificaciones a la Ley 104 de Acceso a la Información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; modificación de la Ley de Seguridad en lo que respecta a las condiciones y el proceso de selección del Jefe de Policía; modificación de la ley del Estatuto de la PM en relación a la selección de altos cargos de la Policía Metropolitana; modificaciones de la ley 1.913 de Seguridad Privada; ley de creación del Observatorio de la violencia y el delito en el ámbito de la Ciudad; creación del Ombudsman del Sistema de Seguridad; creación de un órgano de control externo; creación de un Servicio Penitenciario Civil; creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y la creación de la Defensoría del Sistema de Seguridad.
Finalmente la CIE expresa que reivindica la “necesidad de un debate social extendido y denso sobre las cuestiones aquí planteadas; un trámite institucional (el juicio político) remite a cuestiones de factibilidad parlamentaria que pueden acompañar o no el ensanchamiento de la concepción de ciudadanía. Pero una tramitación social de este debate acerca del poder, sus capacidades y sus límites es el aporte mas valioso que puede realizarse mas allá de circunstanciales alineamientos en el Poder Legislativo”, dice el documento.
“Para quienes afirmamos convicciones republicanas, democráticas, deliberativas y participativas es en el seno de la sociedad y a lo largo del tiempo donde se dirimen las cuestiones mas profundas acerca del qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Es a ese espacio de controversia, conflicto y eventuales consensos hacia donde está dirigido el empeño de este dictamen”, puntualiza el escrito.
