Sin duda alguna es el tema que mayor preocupación genera en los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Semanario Parlamentario propone echar una mirada sobre el impacto que esta temática despierta en los legisladores, más allá de las palabras.
Un informe realizado por la ONG Mejor Seguridad, revela que el 25 por ciento de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Legislatura bonaerense, tienen como objetivo mejorar la seguridad en la Provincia.
La problemática de la inseguridad fue un tema recurrente en el Parlamento. Los legisladores oficialistas como los opositores, se hicieron eco de uno de los principales reclamos de los ciudadanos. Tan es así, que el 2010 fue el año que más proyectos sobre seguridad se presentaron, contemplando las iniciativas del Poder Ejecutivo y de los propios legisladores.
Estas estadísticas se desprenden de un informe que realiza anualmente la ONG Mejor Seguridad, y que tiene como objetivo “seguir y evaluar la actividad parlamentaria en cuanto a la presentación de proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana”.
De ese estudio se desprende que el 25 por ciento de los proyectos que el gobernador Daniel Scioli envió a la Legislatura durante el 2010, hacen a la seguridad ciudadana. En el Senado, el porcentaje de iniciativas presentadas por los legisladores es de 5,20 y en la Cámara de Diputados del cinco por ciento.
A pesar de ser bajos los porcentajes de producción de iniciativas relacionadas con la seguridad por parte de los legisladores, estos son más elevados si se los compara con el 2009.
Desde el 1º de marzo hasta el 4 de noviembre del corriente año, la cantidad de proyectos presentados en la Cámara de Diputados fue de 3.778, de los cuales 738 fueron proyectos de ley, 523 de solicitudes de informes y los restantes fueron de declaración y de resolución.
En el informe se evalúan solamente los proyectos de ley. De estos, o sea de los 738 presentados, 37 de ellos están referidos a la seguridad ciudadana, lo que representa el cinco por ciento del total.
En la Cámara alta se consideraron las iniciativas presentadas por los senadores desde el 1º de marzo hasta el 3 de noviembre del corriente año. El total de los proyectos de ley presentados es de 404, de los cuales 21 están relacionados con la seguridad ciudadana.
Por su parte, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un total de 36 proyectos de ley: 27 al Senado y nueve a Diputados. Las nueve iniciativas referidas a la seguridad fueron enviadas a la Cámara alta, lo que representa el 25 por ciento del total de proyectos presentados. Por Diputados no ingresó ninguna de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de seguridad en la Provincia.
Los números del Poder Ejecutivo indican que la permanente preocupación no se ha quedado en los discursos, sino que se han podido plasmar diferentes ideas en distintos proyectos de ley que hacen a la seguridad ciudadana.
Proyectos sancionados
Según el informe elaborado por la ONG Mejor Seguridad, de las nueve iniciativas referidas a seguridad, una se encuentra en comisión, dos fueron aprobadas y enviadas a Diputados y seis fueron sancionadas.
El primero de los proyectos sancionado establece que “las armas de fuego, municiones y demás material controlado por disposición de órganos judiciales con competencia residual en el régimen de la Ley 3.589 no vinculadas a procesos en trámites” quedan sujetas a “destrucción en los términos de la Ley nacional 25.938 y Ley provincial 13.852”.
Otro crea el cargo de ayudantes fiscales, destinados a los partidos de los departamentos judiciales que no sean cabecera departamental. Entre los fundamentos se destaca que estos serán “una importante herramienta para lograr una efectiva descentralización del Ministerio Público Fiscal”. Y se agrega que “de esta manera, se ha generado la posibilidad de que en aquellos partidos de los departamentos judiciales del interior, que no fueran cabeceras departamentales, se pueda instalar una Ayudantía Fiscal con la finalidad de llevar adelante las investigaciones penales bajo la conducción de los Fiscales Departamentales”.
El tercero es el que agrega el capitulo cinco, filmaciones, grabaciones y llamadas al 911 al título 8 del libro 1, y el artículo 265 bis y modificando el artículo 366, de la Ley 11.922, para establecer las pautas de prueba de las mismas. Es decir, quedan como “prueba irrefutable” las grabaciones del 911 y de las cámaras de monitoreo, a partir de su incorporación al Código Procesal.
Otras de las iniciativas sancionadas crea el cargo de agente fiscal y defensor oficial para actuar en el fuero Criminal y Correccional y de Responsabilidad Penal Juvenil.
La quinta establece el organigrama funcional del nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad, creado a partir de la última modificación a la Ley de Ministerios 13.757. Así es que mediante la Ley 14.131, presentada por el Ejecutivo en el Senado y publicada en el Boletín Oficial Nº 26.366 del 31 de mayo de 2010, se sustituye el artículo 1 dando nuevo nombre al ministerio y se modifica el artículo 18 redactando nuevas funciones. Los artículos 19 y 55 de la Ley 13.757 son también modificados pues hacían referencia al Ministerio de Seguridad.
La última iniciativa en convertirse en ley es la que sustituye el inciso b del artículo 15º bis de la Ley 5.827, Ley Orgánica del Poder Judicial.
