Más sombras que luces

La Comisión Investigadora Especial sobre las escuchas telefónicas presentó el informe que elaboró a lo largo de cinco meses de trabajo. Como lo anticipó Parlamentario hubo tres dictámenes, uno de ellos pidió el juicio político de Mauricio Macri, que no prosperará.

Por César Montenegro

El dossier de doscientas nueve páginas hecho público por quien ejerció la presidencia de la comisión, Martín Hourest, sostiene que “los hechos materia de nuestra consideración no integran un conjunto de sucesos aislados, no son simples errores administrativos, ni son el resultado de contingencias adversas que impactaron sobre un proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas” para afirmar a continuación que tanto Macri como “los funcionarios de primera línea han sido negligentes y se han demostrado inhábiles, carentes de experiencia para seleccionar recursos humanos y establecer políticas, y reacios al diálogo institucional para enmendar errores cometidos” en torno del proceso de gestación de la Metropolitana.

A pesar de ello en ningún párrafo del documento se solicita someter a juicio político a Macri como responsable de las irregularidades que, según se expresa en el informe, hubo durante las diversas etapas de formación de la nueva fuerza de seguridad porteña.

El arco opositor compuesto por doce legisladores que representaron a doce bloques emitieron un único dictamen, mientras que los cinco representantes del oficialismo dieron el suyo, el que esencialmente contiene acusaciones a la SIDE y al Gobierno nacional.

El documento del PRO que cuenta con doscientas cincuenta y nueve páginas y afirma taxativamente que el proceso de conformación de la Policía Metropolitana “no contiene ningún tipo de vicio o irregularidad y los actos administrativos investigados han sido efectuados conforme a la normativa vigente y no son pasibles de reproche alguno”; en esa línea el PRO manifiesta que “no existe relación alguna entre Mauricio Macri y sus funcionarios con los delitos investigados en la causa judicial Nº 12.446/2009, autos caratulados “James, Ciro Gerardo y otros s/ escuchas ilegales y otros delitos”.

En el informe de mayoría de la Comisión Investigadora Especial refrendado por los doce diputados de la oposición es elocuente, a pesar de la posición, análisis y recomendaciones de cada bloque. L0sa ausencia de solicitud para someter a juicio político al titular del Ejecutivo, Mauricio Macri; sólo se recomienda la remoción de su cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro.

Sin embargo, quien desde el inicio de la labor de la CIE y aún sin haber avanzado demasiado en la pesquisa, pidió el sometimiento a juicio político de Macri fue el diputado del MST- NI, Marcelo Parrilli, quien propuso convocar a la Sala Acusadora para que trate el juicio político a Mauricio Macri por mal desempeño en sus funciones.

Sin debate

La Legislatura debía analizar el informe final en una sesión especial en la que no hubo acuerdo sobre la mecánica de tratamiento, y luego de un breve cuarto intermedio la oposición se retiró del recinto. De esta manera la comisión encargada de investigar la causa sobre escuchas ilegales presentó el dictamen final, uno de mayoría y otro de minoría, que expresan la posición, análisis y recomendaciones de cada bloque político.

La sesión había comenzado con la ausencia del oficialismo mientras parte de la oposición exponía sus argumentos. Luego, con los diputados del PRO en sus bancas, el jefe de la bancada oficialista Cristian Ritondo propuso una moción de orden para habilitar el tratamiento del tema, lo que obligó a un cuarto intermedio y a la oposición a retirarse de sus bancas. Pese a ello y sólo con la presencia de la bancada del PRO, los representantes macristas en la CIE presentaron sus fundamentos.

A partir de lo actuado las recomendaciones que tienen propuestas legislativas, seguirán el procedimiento habitual de los expedientes parlamentarios.

Desorientados

El arco opositor que conforma la CIE que intentó dilucidar la responsabilidad política del jefe de Gobierno, en la causa de las escuchas ilegales emitió su dictamen en el que considera que los hechos considerados no integran un conjunto de sucesos aislados, sino son un sistema diseñado.

En ese sentido la CIE sostiene que no fueron simples errores administrativos o políticos surgidos de una tramitación rigurosa y seria de las cuestiones públicas, ni son el resultado de contingencias adversas que impactaron sobre un proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas.

Señala al respecto que “por el contrario, es un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del Gobierno trasmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración”.

En ese línea recomienda que la Legislatura debe sancionar una ley que precise el alcance que tiene el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad; la promoción de la renuncia del ministro Montenegro; creación de una base pública de empleados del GCBA; reglamentación de los artículos 80 inc. 8, y 104 inc.3 de la Constitución de la CABA: sobre la remisión por el Poder Ejecutivo de los tratados, convenios y acuerdos internacionales e interjurisdiccionales suscriptos; creación de la Oficina Anticorrupción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sanción de la Ley de Ética Pública y Transparencia en la Función Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; establecer modificaciones a la Ley 104 de Acceso a la Información en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; modificación de la Ley de Seguridad en lo que respecta a las condiciones y el proceso de selección del Jefe de Policía; modificación de la Ley del Estatuto de la PM en relación a la selección de altos cargos de la Policía Metropolitana; modificaciones de la Ley 1.913 de Seguridad Privada; ley de creación del Observatorio de la Violencia y el Delito en el ámbito de la Ciudad; creación del Ombudsman del Sistema de Seguridad; creación de un órgano de control externo; creación de un Servicio Penitenciario Civil; creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y la creación de la Defensoría del Sistema de Seguridad.

Finalmente la CIE expresa que reivindica la “necesidad de un debate social extendido sobre las cuestiones aquí planteadas; un trámite institucional (el juicio político) remite a cuestiones de factibilidad parlamentaria que pueden acompañar o no el ensanchamiento de la concepción de ciudadanía. Pero una tramitación social de este debate acerca del poder, sus capacidades y sus límites es el aporte mas valioso que puede realizarse mas allá de circunstanciales alineamientos en el Poder Legislativo”, dice el documento.

“Para quienes afirmamos convicciones republicanas, democráticas, deliberativas y participativas es en el seno de la sociedad y a lo largo del tiempo donde se dirimen las cuestiones mas profundas acerca del qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Es a ese espacio de controversia, conflicto y eventuales consensos hacia donde está dirigido el empeño de este dictamen”, puntualiza el escrito.

Recomendaciones de Parrilli

Según afirma el legislador en el marco de la resolución 321/LCABA/2010 y del reglamento de la comisión, oportunamente sancionado, formula sus recomendaciones que se sintetizan de esta manera:

a) Promoción de juicio político contra el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, ya que según afirma “no hay dudas en el suscripto con relación a que el jefe de Gobierno ha incurrido en la causal de “mal desempeño” de su cargo y que ese mal desempeño tiene tres puntos centrales: Primero, la política llevada adelante para la integración de la Policía Metropolitana, centralmente en su cúpula, caracterizada por la conformación de la misma, en su mayor parte, por personal policial proveniente de la Policía Federal Argentina que prestara servicios en lugares claves del aparato represivo durante el período de la dictadura militar, como por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Federal; Segundo: La creación, y en esto tiene un peso fundamental la circunstancia ya apuntada anteriormente en cuanto a las características personales y profesionales del personal de comando de la fuerza policial porteña, de una fuerza de seguridad que lejos de constituirse en una fuerza que cumpliera con el perfil establecido en la Ley 2.894 fue diseñada y conformada como cuerpo de inteligencia con un perfil represivo claramente enfocado en la represión social, gremial y política como no otra cosa puede deducirse de los antecedentes de quienes hoy dirigen la fuerza, de la estructura misma de ella y hasta de su equipamiento; Tercero: La conformación, dentro del esquema antes referido de la Policía Metropolitana, de un aparato ilegal de interceptación de comunicaciones telefónicas de ciudadanos y habitantes que funcionó en el seno mismo del aparato estatal, utilizando sus recursos materiales y humanos y violó gravemente garantías elementales de los ciudadanos.

Parrilli sostiene en su informe que “como es público y notorio, tanto el jefe de Gobierno como sus ministros del área, centralmente el Ministro de Seguridad y Justicia Guillermo Montenegro, así como el Jefe de Policía, Eugenio Burzaco, han defendido la conformación de la Policía Metropolitana con personal que, en gran parte y sobre todo en su cúpula y altos mandos, se desempeñó en el aparato represivo de la dictadura militar. Asimismo también han defendido el perfil actual de la fuerza y reivindicado las tareas de inteligencia llevadas adelante por la misma.

Así las cosas, y siendo que estamos en presencia, obviamente, de una decisión política deliberadamente adoptada, deberán hacerse responsables de la misma”.

Recomendaciones del PRO

Desde el bloque oficialista sostuvieron en sus conclusiones que “los hechos que le son reprochados a Mauricio Macri responden a otra lógica; una lógica propia de un estado de espionaje montado sobre un formidable aparato estatal y paraestatal controlado por altas esferas del Gobierno nacional, el que por acción u omisión, permite, avala u ordena violar la esfera de intimidad de las personas con fines de extorsión o chantaje, de índole política, familiar o comercial”.

Los diputados del PRO sostuvieron que “al cabo de la tarea de la CIE, podemos afirmar con probada convicción que la causa contra Mauricio Macri era armada y que, las críticas a la conformación de la Policía Metropolitana provenientes de sectores políticos de la oposición escondía el innoble propósito de destruir dicha fuerza persiguiendo fines inconfesables”.

En esa línea dictaminaron que: a) el proceso de conformación de la Policía Metropolitana no contiene ningún tipo de vicio y/o irregularidad y los actos administrativos investigados han sido efectuados conforme a la normativa vigente y no son pasibles de reproche alguno; b) no existe relación alguna entre Mauricio Macri y sus funcionarios con los delitos investigados en la causa judicial Nº 12466/2009, autos caratulados “James, Ciro Gerardo y otros s/ escuchas ilegales y otros delitos” que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7.”

Por lo tanto, las recomendaciones fueron: “Solicitar a la Sra. Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner disponga el relevo inmediato de la conducción de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, encabezada por Héctor Izcazuriaga y Francisco Larcher por el probado desmanejo de las estructuras a su cargo y su vinculación con el armado de la causa en la que se intentó involucrar a Mauricio Macri con un sistema de espionaje ilegal”.

También la remisión de “los presentes actuados” a la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación “para que se investigue “el accionar de los miembros de la Secretaría de Inteligencia y su vinculación con un sistema paraestatal de escuchas telefónicas ilegales”, y “posibles irregularidades respecto del procedimiento de escuchas telefónicas” realizadas por dicha Secretaría, respectivamente; el Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que investigue y extreme los controles de las conductas seguidas por los agentes de la Policía Federal Argentina en relación con los hechos investigados por esta Comisión”; el Consejo de la Magistratura Nacional “a fin de que investigue la conducta y accionar del Sr. Juez Federal Norberto Oyarbide en la causa judicial Nº 12,466/2009, autos caratulados “James, Ciro Gerardo y otros S/ escuchas ilegales y otros delitos” y finalmente, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se investigue la conducta seguida por el Juez Roberto Andrés Gallardo, en lo relacionado con el funcionamiento de la comisión.

Lo cierto es que la CIE desde su creación tuvo muchísimas dificultades para avanzar en la investigación. El arco opositor nunca pudo lograr un criterio homogéneo. Desde el primer momento se supo que iba a ver más de dos dictámenes. Lo sucedido en el recinto, cuando se iba a analizar el resultado final del informe es la imagen que dejó la comisión, más allá del trabajo serio y relevante de algunos de sus integrantes.

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