Tapados bajo bandera

Los conscriptos de la Guerra de Malvinas desde varios meses vienen reclamando frente al Congreso un proyecto de ley de pensión, pero hasta ahora no consiguieron nada. La lucha continúa.

Por Julio El Ali

Se cumplieron 28 años de la gesta de Malvinas y la herida sigue abierta, aunque de una manera muy particular. Ya nadie se conmueve por la carpa que instalaron hace varios meses los ex combatientes de la Guerra de las Islas Malvinas en Plaza de Mayo, ni por continuos cortes parciales y totales frente al Congreso de la Nación. Quizás se recuerda con mayor respeto a los soldados caídos en defensa de la Patria cuando juega Argentina y se grita el famoso canto: “El que no salta es un inglés”.

Tampoco los medios de comunicación se hicieron eco del reclamo de los ex combatientes y sus protestas frente al Parlamento fueron estériles. Una de las marchas concluyó en una caliente reunión en el bar Casa Blanca, sin la presencia de legisladores que le prometan una solución para el año que viene.

Hay proyectos

Dos iniciativas de ley pertenecientes a diputados de distintos espacios políticos apuntan a solucionar la situación de los ex combatientes no reconocidos. Una de las propuestas fue presentada por la jefa de bloque de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y acompañado por la diputada Patricia Bullrich y el jefe de bloque del Peronismo Federal, Felipe Solá. Por eso -a priori- parece que el tema tiene el aval político de los sectores más importantes de la oposición.

A esta iniciativa de Carrió, Bullrich y Solá, se suma otra similar propuesta de la diputada aliada al Gobierno nacional Silvia Vázquez y de su colega del Movimiento Popular Neuquino José Brillo. Entonces, parecería que con la oposición y los aliados del Gobierno a favor de este tema, la aprobación sería fácil, pero sin embargo, nunca se trataron estos temas en las comisiones correspondientes.

En cambio, si se debatió en comisión la idea de instaurar el servicio cívico militar, lo que demuestra que hubo tiempo para tratarlo, y no existió la voluntad política a pesar de la presentación de los proyectos, que fueron ingresados por Mesa de Entrada de la Cámara baja en junio (Vázquez) y agosto (Carrió) de este año.

En el caso particular del proyecto de la diputada de Concertación FORJA, tuvo moción de preferencia para ser tratado en tres sesiones distintas (4 y 11 de agosto; 13 de octubre) pero resultó imposible, ya que nunca logró ni siquiera obtener dictamen de las comisiones de Defensa Nacional, presidida por el radical Julio César Martínez, y Presupuesto, cuyo titular es el oficialista Gustavo Marconato. Es más, nunca estuvo en la agenda de tratamiento de la Comisión de Defensa, la cual es cabecera.

El reclamo

Los proyectos de ley cajoneados tienen como objetivo realizar un reconocimiento histórico a aquellos ciudadanos, entonces jóvenes conscriptos de todo el país, quienes fueron convocados y movilizados bajo el mando militar, y que a pesar de no haber sido destinados en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) o entrado en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), fueron afectados a realizar las innumerables tareas que son necesarias en una guerra, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Los soldados conscriptos, si bien permanecieron en el continente, se encontraban bajo el Código de Justicia Militar y a disposición absoluta ante eventuales traslados y la realización de acciones indispensables tales como abastecimiento de municiones, vigilancia de los polvorines y cuarteles, tareas en comunicaciones, artillería, en diferentes puntos del continente, como los polvorines de Bahía Blanca y Córdoba.

Enfrentamiento

A diferencia del proyecto de Vázquez y Brillo, el de Carrió y Solá hace una diferenciación entre los soldados que estuvieron en la línea de fuego y aquellos conscriptos de la clase 61, 62 y 63 que estuvieron bajo bandera. Por un lado, se busca otorgar un reconocimiento debido a los beneficiarios considerados, y por el otro, establece una diferenciación respecto de la pensión de guerra prevista por la Ley Nº 23.848 y su modificatoria 24.652; la que deberá graduarse conforme los parámetros de razonabilidad y realidad que deben primar a la hora de asumir el Estado obligaciones de este tipo “para que no se torne imposible su cumplimiento ni resulte injusta en relación a quienes han participado activamente en las acciones militares desarrolladas en las Islas Malvinas y en torno a ellas, quienes han sufrido en forma directa el fuego enemigo”.

En definitiva, Malvinas una historia que sigue abierta con el poder político dándole la espalda y una sociedad indiferente.

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