Compromiso pendiente

El acuerdo alcanzado por los diputados, en momentos en que se disponían a considerar en particular el Presupuesto 2011, puso en el centro de la escena al artículo 16 y está por verse la salida política a la que se arribará en los próximos meses.

La oposición que acompañaba al oficialismo en Diputados, cuando se disponían a tratar, en particular, el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2011, advirtió que el artículo 16 “no tenía número”. Un cuarto intermedio en las bancadas permitió un acuerdo que está por cumplirse por parte de la tropa legislativa del partido del Gobierno, para modificar la Ley de Administración Financiera, aquella que exigiera Daniel Scioli al comienzo de su gestión.

Específicamente, los diputados acordaron modificar el artículo 37 para así hacer efectivo el texto presupuestario que limita el cambio de destino de las partidas al 8 % del total del Presupuesto. Tras el consentimiento del bloque que conduce Raúl Pérez, los opositores cambiaron uno a uno su posición sobre el artículo 16 y se terminó sancionando en la Cámara baja, sin modificaciones, la denominada ley de leyes.

Partes

Pero vayamos por partes, veamos que dice el artículo 16 del Presupuesto 2011: “autorízase al Poder Ejecutivo para introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios, en la medida en que ellas sean financiadas con incrementos estimados respecto de los montos presupuestados para recursos…”.

Mientras tanto, la autorización a que se refiere el párrafo anterior, “podrá ser ejercida en base a instrumentos contractuales y/o normativos de los cuales derive la obligación a cargo de los que aportan, cuando se trate de gastos a ser financiados total o parcialmente con aportes no reintegrables…”.

Según los diputados de la oposición este artículo, más el 37 de la Ley de Administración Financiera (13. 767), transforman en “letra muerta” las disposiciones acordadas para limitar la disponibilidad de cambios de partidas por parte del Ejecutivo provincial.

La Ley que establece y regula la Administración Financiera y el sistema de Control de la Administración General del Estado provincial consigna en su artículo 37, nada más y nada menos, que “corresponde a la Legislatura provincial las decisiones que afecten el total del Presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El Poder Ejecutivo podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de Presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital y distribución de las finalidades, dentro de los respectivos rubros presupuestarios”.

La modificación de la Ley de Administración Financiera, que se conversó hasta la víspera de la sesión en Diputados, pretendía reemplazar ese texto del artículo 37 por un párrafo, concebido más o menos así: “En cada ley anual de Presupuesto General, la Legislatura provincial podrá delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de realizar las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias durante su ejecución, hasta un máximo del 8% del Presupuesto aprobado, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital y fuentes financieras”, entre otras cuestiones.

Pero el compromiso del bloque oficialista no fue para tanto, solo se permitieron sus integrantes una modificación que dice lo siguiente: “Corresponde a la Legislatura provincial las decisiones que afecten el total del Presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. Las atribuciones al Poder Ejecutivo, a la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Corte para efectuar modificaciones presupuestarias en cada Ejercicio Fiscal, serán asignadas en las respectivas leyes anuales de Presupuesto”.

La redacción a los fines prácticos y en lo concerniente al Presupuesto 2011, esas atribuciones quedan restringidas al 8 % del total presupuestado, pero claro está que el porcentaje no queda en la Ley de Administración Financiera, sino en cada uno de los presupuestos que anualmente considera la Legislatura, algo que en la oposición vieron como una derrota.

Reacción de punta

Por las dudas, el titular del bloque de senadores del FpV/PJ, Osvaldo Goicoechea, se mostró sorprendido por la modificación en Diputados que ‘recortó’ superpoderes al gobernador Daniel Scioli para la administración del Presupuesto, decisión a la que calificó de “apresurada” y “sin sentido”, después de haberse consensuado la sanción del Presupuesto General de Gastos y Recursos 2011 con todos los bloques, y dijo que “se trata más de un capricho –de la oposición- que de una necesidad”.

“Es una cuestión apresurada”, que “está demás. No le veo sentido porque el Presupuesto se votó hace una semana en condiciones acordadas con todos los bloques, (por lo que) estas cuestiones de último momento, no las entiendo”, aseguró el legislador del oficialismo.

“En los sistemas políticos democráticos y representativos, los resultados de cada una de las elecciones en la que el pueblo soberano se expresa, terminan configurando un nuevo escenario político de forma tal que se vuelve a distribuir el poder y el apoyo popular a las diferentes propuestas de acción política” deslizó el diputado Abel Buil, autor de uno de los proyectos que sirvió de base para avanzar en la Cámara baja en la aprobación descripta. A otra velocidad y en tono reflexivo.

“Quizás este sea el motivo que ha impulsado el nuevo giro dado en los últimos días al debate instalado en nuestra sociedad alrededor del tema de la delegación de facultades propias de los poderes legislativos a favor de los respectivos poderes ejecutivos; los denominados superpoderes que hace varios años se han instalado perniciosamente en la normativa nacional y provincial, contradiciendo principios constitucionales y de la normativa presupuestaria en vigencia” completó el diputado opositor de los pagos de González Moreno.

Cabe consignar que tres proyectos eran los que se barajaban en la Comisión de Presupuesto e Impuesto, que comanda el oficialista Franco La Porta, que con pequeñas modificaciones, entres ellos, pretendían cambiar los artículos de la Ley de Administración Financiera. Además de la iniciativa de Buil, estaban las del diputado de Unión PRO Orlando Yans y su compañero de ruta política Jorge Macri.

En todos los casos se propiciaba la eliminación de los dos párrafos del artículo 37 de la citada ley, que expresamente hacen referencia a la delegación al Poder Ejecutivo de la facultad de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de Presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital y distribución de las finalidades.

Asimismo, desde la oposición, se advierte que en nuestra jurisdicción, los poderes delegados por el artículo 37 de la Ley 13. 767 contradicen abiertamente el artículo 45 de la Constitución provincial que expresamente reza: “Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella”.

Pero el jefe del bloque de senadores del oficialismo, Osvaldo Goicoechea, cuestionó el ‘recorte’ a las facultades del gobernador para reorganizar las partidas, porque –dijo- “el 8% que votamos” en el Presupuesto para permitir que el Ejecutivo haga reasignaciones, “fue consensuado y acordado” con todos los bloques, por lo que “no es razonable” una modificación en ese sentido, un par de semanas después.

El legislador de la Quinta Sección Electoral, aseguró además que a “estas cuestiones de último momento no las entiendo”, y anticipó su “disconformidad con los cambios” –que ahora deberá discutir el Senado- porque “no estamos hablando de manejar un kiosco, hay que gobernar la provincia de Buenos Aires, y si no se tiene la flexibilidad necesaria para poder gobernarla se complica” la administración, completó.

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