– Continúa la polémica por la situación de la comunidad Toba en Formosa. ¿Qué opinión le merece Félix Díaz?

– Prefiero no hacer consideraciones personales, pero todo lo que está ocurriendo este fin de año es muy curioso… me animaría a decir que sospechoso. Como le decía un tiempo atrás, a mí no me cierra nada, pero ahora, con los hechos de las tomas de tierras, estoy con más certezas.

– ¿Usted relaciona la violencia en Constitución y las tomas de predios con los hechos en Formosa?

– No lo tengo fehacientemente comprobado, pero todos estos hechos son altamente sospechosos. No puede ser, es un absurdo, pensar que si le dimos 5.178 hectáreas a la comunidad La Primavera, ahora se le quieran sacar quinientas. Además, en la cultura toba no existe la palabra piquete, por lo que fue necesario que haya un blanco para que la comunidad Toba hiciera un piquete.

– El caso de represión está en la Justicia. Pero se apunta al gobierno provincial…

– Para mí es la hora de la verdad y la justicia. Condeno por falaces las manifestaciones y expresiones de aquellos sectores políticos que, sobre el dolor formoseño de la pérdida de dos vidas, falsearon y condenaron, en la persona de nuestro gobernador, Gildo Insfrán, a todo el pueblo formoseño. Aparte estoy seguro de que Insfrán no dio la orden de reprimir.

– ¿Cuál es el marco legal que tienen los pueblos originarios en la provincia de Formosa sobre la propiedad de la tierra?

– Desde 1984, cuando yo era abogado de un grupo de comunidades aborígenes, la provincia de Formosa viene impulsando procesos de innovación e inclusión legislativa, en orden al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, contando con una importante participación de los mismos en dichas propuestas.

– ¿Qué prevé la Constitución provincial sobre la propiedad de las tierras?

– En particular, hay que señalar el artículo 48 de la Constitución provincial, en donde se establece que todos los bienes ubicados en el territorio de la Provincia, cualquiera sea su naturaleza, son del dominio de ésta, con excepción de los que pertenezcan a la Nación, municipalidades u otras personas o entidades de derecho público o privado, y los pertenecientes a comunidades aborígenes. Asimismo, el artículo 79, punto 4 de la Constitución provincial, establece que el Estado reconoce y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos y que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.