El legislador narvaísta Gustavo Ferrari aseguró que los últimos hechos de inseguridad que involucran a menores demuestran el fracaso por parte de un Estado ausente para atender las necesidades primarias y primordiales para la vida de todo ciudadano: educación, salud, trabajo y seguridad física y jurídica”.

Ferrari reclamó entonces “asumir la responsabilidad de atender a los 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en la Provincia de Buenos Aires”, y destacó que “el Estado se ocupa de los jóvenes y de la ley penal juvenil cuando un menor comete un homicidio, pero ese menor viene avisando con episodios delictivos primero no tan importantes hasta que un día mata”.

Para el diputado del Peronismo Federal, hay “una grave problemática que es la falta de ejecución e implementación de la ley penal juvenil. En la provincia hay unas 30 mil causas por año que involucran a menores y sólo 850 plazas para internaciones de menores”.

“En La Matanza, con 1.700.000 habitantes hay cuatro Juzgados de Menores y en el departamento judicial de Quilmes, con 1.300.000 habitantes, hay dos juzgados”, comentó el legislador, que destacó que los magistrados no tienen otra opción más que la de enviar al menor de vuelta a su casa o a institutos. “Pero por el hacinamiento en que se encuentran y la falta de división, los menores terminan, en muchos casos, convirtiéndose en profesionales del delito”, admitió Ferrari, que propuso “la inmediata construcción de 15 institutos de rehabilitación para los que se necesitan 30 millones de pesos, cifra ínfima en proporción a otros gastos”.