Por su regularidad -llegan cada mes- y por su universalidad -las paga más de la mitad de los argentinos, que viven bajo el régimen de propiedad horizontal-, las expensas son un termómetro cotidiano de la inflación. De ahí el temor del sector a que el debate por la modificación de la ley 13512, que data de 1948, se convierta en una disputa política aún mayor.

El antecedente que los pone en guardia es la ley porteña 3524, conocida como “ley Abrevaya”, cuya implementación ha disparado los costos de los consorcios, interfiriendo en las relaciones entre propietarios y administradores. Las dificultades son tanto económicas -obliga a contratar nuevos y costosos seguros-, como burocráticas -crea la figura del consorcista coadministrador, que debe firmar cada documento-. En la redacción de esa norma participaron asociaciones de consumidores y consorcistas, pero no los representantes del sector patronal. Para salvar su actual inconstitucionalidad -contradice una norma de rango superior- legisladores de la propia CC quieren emularla en el plano nacional. Pero a pesar de la plena vigencia de esta ley, lejos de bajar, las expensas han seguido subiendo. Expertos afirman que genera nuevos costos a los consorcios, sobre todo en materia de seguros y temen que se dispare la morosidad.

Desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPHYAI), consultados por el proyecto de Patricia Bullrich presentado en la Comisión de Legislación General, que se tratará en cuanto se inicien las sesiones ordinarias, sostuvieron que “queremos una nueva ley nacional, siempre que no se parezca a la ley de la ciudad. Nuestro objetivo es el colegio profesional, para que los consorcistas puedan chequear antecedentes y elegir con libertad. Ya contamos con la adhesión de Patricia Bullrich, pero vamos por más. Queremos jerarquizar la profesión, en la que hay buenos y malos, como en todas. Lo importante es distinguirlos”.

También señalaron las diferencias entre Bullrich y Abrevaya, a pesar de pertenecer ambos a la misma fuerza política, la Coalición Cívica. “El espíritu subyacente en el texto de Abrevaya es el de la autogestión. Propicia la eliminación de la figura del administrador profesional, en favor del consorcista con buena voluntad pero sin formación específica.

La estadística del gobierno porteño demuestra que los consorcios autogestionados tienen el triple de denuncias, que se traducen luego en juicios y gastos, precisamente por falta de conocimiento. La tarea del administrador es compleja y no se puede ejercer sin formación”.

Acusan, sin eufemismos, al legislador porteño Carlos Abrevaya. “Fue un proyecto negligente, cuyas consecuencias están ahora a la vista. Buscando rédito político electoral, quiso hacerle creer a la gente que bajarían las expensas, usándonos de chivo expiatorio, pero ocurrió lo contrario. En la estructura de costos de una liquidación de expensas, el honorario del administrador no supera el uno por ciento”.