Este 1° de febrero vence la concesión del Zoológico de Buenos Aires otorgada por el entonces intendente Carlos Grosso en 1991. A partir de esa fecha el grupo concesionario dispone de un plazo de 30 días para reintegrar los bienes y la colección de especies al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Los resultados de 20 años de gestión privada pueden calificarse como desastrosos”, expresó el diputado porteño Adrián Camps, quien echó mano para hacer esa afirmación a un informe de la Auditoría de la Ciudad, según el cual se han perdido más de cien especies: el 55% de las aves y el 23% de los mamíferos. También señala el informe que los edificios, protegidos por ley debido a su valor histórico y cultural, se encuentran en estado de “degradación y destrucción” y “existen bienes en estado ruinoso que por sus características atentan contra la seguridad de las personas y los animales”. La Auditoría afirma además que solamente quedan 300 volúmenes del total de 12.000 que conformaban el patrimonio de la biblioteca.

En una reciente visita al Zoo, el diputado Adrián Camps constató personalmente lo que definió como “el estado ruinoso de los edificios, las obras de arte y las fuentes; el deterioro o la ausencia de los carteles que identifican las especies, la supresión de canales internos que intercomunican los lagos, entre otras irregularidades”. Afirmó al respecto que “muchos espacios son utilizados con fines publicitarios, llegándose al extremo de promocionar una marca de lavandina en el recinto del oso polar, que se encuentra abandonado”.

“Pese a los resultados pésimos de esta privatización, en 2010 ingresó para su tratamiento en la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público de la Legislatura un proyecto de ley del jefe de gobierno, Mauricio Macri, autorizando el llamado a licitación nacional e internacional para otorgar una nueva concesión por 20 años”, recordó el legislador de Proyecto Sur, autor de un proyecto para que la gestión sea ejercida por el Gobierno la Ciudad de Buenos Aires. En sus fundamentos se valora que los zoológicos de las principales capitales del mundo tienen gestión pública. Sin embargo, la comisión no llegó a emitir dictamen en el transcurso del año parlamentario.

En 1993, fue sancionada la Ordenanza Municipal 46.229, referida al espacio público de la Ciudad. La norma establece que “las concesiones y permisos de uso vigentes se mantendrán hasta que opere su vencimiento, a partir del cual no podrán ser renovados”.

A su vez, la Ley 3.233 dictamina que el gobierno debe abstenerse de tomar resoluciones que afecten áreas de competencia de las futuras autoridades comunales. El predio del Zoo se encuentra en territorio de la Comuna 14.

“El gobierno de Mauricio Macri no puede prorrogar el plazo ni llamar a una nueva licitación”, afirmó Camps, agregando que, por el contrario, dentro de 30 días “los porteños debemos recuperar nuestro zoológico”.