Se comienza a transitar las últimas semanas de la feria estival parlamentaria y un nuevo periodo ordinario se avecina con un condimento extra: las elecciones presidenciales y legislativas. Sin duda la actividad parlamentaria de este año estará signada por las campañas políticas y el Congreso será la base para muchos candidatos, especialmente de la oposición, para exponer sus ideas en el recinto y que, gracias a los medios de comunicación masiva, se expandirá a cada punto del país.

Pero no sólo los debates formarán parte de la contienda electoral, sino también cada acción del legislador, como la presentación de proyectos de ley. Al respecto, la primera iniciativa de ley formalmente presentada en 2011 por Mesa de Entrada de Proyectos de la Cámara de Diputados corresponde justamente a un sector del radicalismo que intenta primero, superar las internas propias dentro de las estructuras partidarias y luego afrontar las primarias de agosto. El alfonsinismo presentó la primera propuesta en un año clave para la UCR y la temática de la iniciativa no es ninguna casualidad, ya que apunta a una columna frágil del kirchnerismo: la corrupción.

Primer Proyecto

Según el texto de la iniciativa al que pudo acceder Semanario Parlamentario, es la creación de una Comisión Bicameral para el Control de la Corrupción Estatal. El autor es el jefe de la bancada de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.

El objetivo de esa comisión sería evaluar periódicamente el régimen normativo, la regulación administrativa y las políticas públicas para la prevención y lucha contra la corrupción, así como la actividad de los organismos estatales dedicados a la materia. Además, propone como gran desafío impulsar las reformas legales necesarias para combatir y prevenir la corrupción. Pero el punto más polémico -quizás de toda la iniciativa- son las atribuciones que tendría la comisión anticorrupción que, debido a la actual composición de la Cámara, estaría dominada por la oposición o habría un equilibrio de fuerzas que paralizaría la comisión y allí sería vital quien obtenga la presidencia. Por eso, de convertirse en ley esta idea del alfonsinismo, esa bicameral sería una fuerte arma política para socavar el poder político acumulado por el kichnerismo, apuntando a los presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios de la gestión del ex presidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Pensando en Jaime

Un nombre, un hombre: Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, es señalado por todos e investigado por la Justicia por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito mientras ocupaba su cargo público. Al igual que lo fue María Julia Alzogaray en el menemismo, Jaime, se ha convertido en la cara visible de las sospechas -por ahora- de corrupción del kirchnerismo. Esto se hace más evidente aún en los fundamentos del proyecto de ley del abogado constitucionalista y diputado Gil Lavedra, quien justificó la iniciativa pensando en Jaime y las causas judiciales que el funcionario tiene. “Algunas de estas investigaciones han comenzado hace más de un año, pero aún no existe información accesible y transparente acerca de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en particular, para esclarecer las distintas irregularidades y evitar que se repitan”, reza en parte de su fundamento al cual titula “Corrupción estatal, silencio gubernamental”. Pero no sólo se queda en críticas ya que en el artículo 5º la comisión anticorrupción se atribuye la potestad de requerir informes, expedientes y documentos, o tomar vista de ellos, sea que se encuentren tramitando en tribunales u organismos públicos o privados; recibir testimonios y disponer la realización de peritajes; solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus cometidos; requerir órdenes de presentación, registro y secuestro de documentos al juez que por turno corresponda; entre otras. Por lo tanto, la comisión bicameral que sería presidida el primer año por un diputado tendría un gran poder de policía que, sin dudar de la honorabilidad de los legisladores, podría ser usado con fines netamente políticos.

¿Política con la corrupción?

Uno de los delitos que más perjudica a millones de personas es justamente la deslealtad y abuso de poder del funcionario público a la hora de decidir sus acciones a favor de una empresa, ya sea estatal o privada y dejando de lado el bien común y bienestar de la gente. Por eso, los hechos de corrupción son altamente rechazados y castigados por la sociedad. En un año electoral es frecuente que sectores opositores al Gobierno de turno se preocupen por crear sistemas de defensa contra el flagelo que azota desde antaño a la función pública. Sin embargo, existe un proyecto de ley del diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega sobre la lucha contra la corrupción que obtuvo dictamen en 2010 y estuvo más de medio año en los distintos planes de Labor Parlamentaria, pero nunca fue tratado.

La razón se debe a una pelea interna en la oposición y pases de factura desde el radicalismo a Elisa Carrió, jefa de bloque de la Coalición Cívica. Además, el oficialismo había concensuado votarlo favorablemente, pero con la condición de que la oposición avale el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aumenta las penas a los delitos impositivos, lo que terminó todo enredado en una maraña política y la discusión del fallido Presupuesto 2011. Por lo tanto, se suma una nueva iniciativa contra la corrupción que sólo será una buena intención legislativa, ya que seguramente terminará empantanada políticamente.

Julio El Ali