El proyecto remitido por el Ejecutivo, modifica el Código Procesal Penal que establece nuevas pautas para las declaraciones Bajo Reserva de Identidad.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó en la sesión de hoy un proyecto remitido por el Ejecutivo que modifica el Código Procesal Penal y establece nuevas pautas para las declaraciones Bajo Reserva de Identidad.
El proyecto, que forma parte del paquete de cincos proyectos que el Ejecutivo giró a fin del pasado año al Senado bonaerense, fue aprobado por unanimidad y ahora deberá ser considerado por los Diputados para terminar su trámite parlamentario.
La propuesta del Ejecutivo provincial incorpora el artículo 233º bis a la ley 11922, Código Procesal Penal, para establecer nuevas pautas para las declaraciones Bajo Reserva de Identidad (BRI).
El nuevo texto propuesto considera que “toda persona que desee aportar información para el esclarecimiento de un ilícito, podrá requerir al fiscal declarar BRI. En este caso, y en el supuesto del artículo 286 tercer párrafo, el testigo o denunciante no podrá ser citado compulsivamente al debate. La declaración recibida BRI en la investigación penal preparatoria no podrá ser utilizada en el debate oral como medio de prueba para fundar la condena del imputado, y solo tendrá valor como anoticiamiento de la comisión de hechos ilícitos o para orientar su investigación y esclarecimiento”.
El Ejecutivo estima que de esta forma se “permitirá potencial la participación ciudadana en la administración de justicia fortaleciendo el vínculo y auxilio imprescindibles para el eficaz esclarecimiento y represión de los ilícitos”.
Además, los senadores se tomaron el trabajo de calmar la ansiedad, a medias, de los funcionarios provinciales: aprobaron moción de preferencia para tratar en la próxima sesión el proyecto que crea cinco nuevas salas de Casación Penal y la iniciativa que promociona distintas medidas para propiciar la reinserción social de personas privadas de la libertad. En cambio no hicieron lo mismo con el proyecto que plantea la creación del Cuerpo de Investigadores Judiciales dentro del Ministerio de justicia y Seguridad y la iniciativa de fondo que plantea una modificación integral del Código de Ejecución Penal.