Según la organización ambientalista, las empresas mineras tienen “secuestrada” esa norma aprobada el año pasado por el Parlamento, y lo hacen “con la complicidad del Gobierno Nacional”.
La organización ambientalista Greenpeace criticó en duros términos a las empresas mineras que han promovido los recursos de amparo que bloquean la aplicación de la Ley de Glaciares.
“La Ley de Glaciares dejó de ser una ley de la Nación, una ley de los argentinos, y ahora está secuestrada por un grupo de empresas mineras. Y lo más grave es que el Gobierno Nacional actúa de manera cómplice”, explicaron sus voceros desde la ciudad de San Juan.
“Los recursos de amparo presentados por un conjunto de empresas en San Juan son un acto de autoincriminación”, explicó Juan Carlos Villalonga, Director de Campañas de Greenpeace Argentina. “A través de estas presentaciones queda claro que sus actividades se verían amenazadas si la ley se aplicase, y por eso decidieron bloquear su implementación”, agregó Villalonga.
Recientemente, el secretario de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, Juan José Mussi, explicó en declaraciones a la prensa que la aplicación de la Ley de Glaciares está demorada porque “hay presentaciones legales por parte de las provincias, especialmente de las mineras, y ante esas presentaciones a las cuales se le ha dado curso, nosotros no podemos actuar reglamentando una ley. Las provincias argumentan que los recursos naturales son propios y que esa ley es inconstitucional, por lo que eso llegará a las instancias supremas y nosotros vamos a aceptar lo que diga la Corte”.
Desde Greenpeace sostienen que las presentaciones judiciales en San Juan no debieran entorpecer la aplicación de la Ley en el resto del país. “Nada impide al Gobierno Nacional continuar con la reglamentación de la norma, comenzar con los inventarios y defender la ley en el ámbito de la justicia como le corresponde”.
Los dirigentes de la organización ambientalista, presentes en San Juan, expresaron: “Con las presentaciones que han hecho, las empresas no están defendiendo el orden constitucional de la Argentina, están simplemente defendiendo un negocio que saben que afecta a áreas glaciares. ¿Desde cuándo Barrick Gold o la Cámara Argentina de Servicios Mineros se dedican a la evaluación jurídica de las normas que dicta el Congreso Nacional?” señaló Villalonga.
