La conducción del Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels)y la Comisión por la Memoria bonaerense (CPM) ratificaron una vez más su disidencia con las políticas oficiales desarrolladas en la provincia de Buenos Aires.
La conducción del Centro de Estudio Legales y Sociales (Cels)y la Comisión por la Memoria bonaerense (CPM) ratificaron una vez más su disidencia con las políticas oficiales desarrolladas en la provincia de Buenos Aires y reclamaron un “cambio estructural” en la organización de las policías, la justicia y el Servicio penitenciario.
En una clara maniobra política con un blanco estratégico, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires Ricardo Casal, en la Cámara de Diputados bonaerense que preside Horacio González, el diputado provincial Fernando Navarro y la diputada Sandra Cruz abrieron las puertas de la sala Ricardo Balbín para que el titular del Cels, Horacio Verbisky dijera que “hay que terminar con la política de Casal de construcción de cárceles y endurecimiento de la legislación”.
Al encuentro concurrieron además el diputado nacional Martín Sabbatella, los integrantes de la CPM Alejandro Mosquera, Hugo Omar Cañón, Laura Conte y Adolfo Pérez Esquivel; los dirigentes de la CTA Roberto Baradel, Hugo Yasky y Darío Pérez Guillen. También estuvieron presentes los dirigentes Ariel Basteiro, Carlos Raimundi, la diputada de la CC Natalia Gradaschi y el senador de la UCR Carlos Fernández.
“La policía bonaerense ejecutó a dos adolecentes en José León Suárez y a un joven en Baradero y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata” consigna el documento de las organizaciones que convocaron a una rueda de prensa y agregaron “estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplace de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas”.
Si se trata de encontrar una síntesis de la reunión que se desarrollo en la Cámara baja provincial tal vez sea el comienzo del segundo párrafo del documento distribuido. “Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución” dice el texto.
