En el breve transcurso de este nuevo siglo, seis Presidentes han sido derrocados por marchas sociales. Las mismas fueron originadas por motivos diferentes como crisis económicas, fraude y por un fuerte reclamo de mayor libertad, pero todas con el mismo denominador: la presión social.

El actual contexto político internacional nos compromete a los politólogos, en especial, y a la sociedad en su conjunto a preguntarnos sobre las nuevas formas de participación política, si es que de eso se trata o si son simples hechos aislados. Los datos que nos ofrece la realidad son contundentes, en 11 años, seis Presidentes fueron removidos de su cargo por marchas populares.

Es el caso de Yugoslavia, el 5 de octubre de 2000 más de medio millón de manifestantes toma la capital nacional y varios de sus centros de poder como el Parlamento, reclamando que se anulen las elecciones del 24 de septiembre por fraudulentas. Dicha movilización conocida como Revolución Bulldozer, provoco que el Tribunal Constitucional dictara por unanimidad anular los comicios. Una experiencia similar atravesó Ucrania cuando entre noviembre y diciembre de 2004, centenares de miles de ucranianos salieron a la calle en Kiev para protestar contra una elección presidencial fraudulenta que daba como ganador a Viktor Ianukovich. La llamada “Revolución Naranja” desembocó en el reconocimiento de la victoria del candidato opositor Viktor Iuchtchenko.
En América Latina, tanto en Argentina como en Bolivia sus Presidentes democráticamente electos fueron removidos por marchas populares como consecuencia de las graves crisis económicas. En diciembre de 2001 Buenos Aires fue testigo de la renuncia del entonces Presidente Fernando de la Rúa y de las 27 muertes en la Plaza de Mayo como consecuencia de la violenta represión. En el caso de Bolivia, el Presidente Sánchez Lozada deja su cargo con un terrible saldo de 65 muertos.
Finalmente, el mundo árabe nos cita a un nuevo motivo de movilización como es la búsqueda de mayor libertad, de derechos civiles, políticos, humanos en general. Así es que en enero de este año, en Túnez el presidente Zine El Adidine Ben Alí, huye de su país tras 23 años en el poder, convirtiéndose el primer dirigente de un país árabe en abandonar el poder por la presión de manifestaciones callejeras.
Egipto merece una mención especial. Después de tres décadas de dura represión política, Hosni Mubarak ha anunciado su dimisión como presidente de Egipto. Dos semanas de protestas han bastado para derrocar al Rais, que ha cedido el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas claudicando ante la presión de centenares de miles de compatriotas. Ahora empieza una nueva etapa en la revolución egipcia: la oposición y la comunidad internacional están a la expectativa de ver qué postura deciden tomar los militares. Por lo pronto, el Ejército ya ha anunciado que disolverá el actual gabinete y gobernará junto con el presidente del Tribunal Constitucional.
El caso de medio oriente es una historia con final abierto. Lo cierto es que en casi tres meses de lo que va del año las huelgas no cesan y la población ha comprobado que no hay razones, sean culturales, religiosas, económicas que justifiquen el autoritarismo ni el sometimiento.

Carolina Barone es licenciada en Gobierno y relaciones internacionales (UADE), JTP en la cátedra de historia política contemporánea de UCES y directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Legislatura Porteña.