En la última sesión los senadores resolvieron postergar el tratamiento de unos 50 proyectos de ley, incluidos en el Orden del Día de esa fecha, y votar también mociones de preferencia para que otras 24 iniciativas de ese rango legal sean consideradas en la próxima sesión.

Debe recordarse que, además de votar la elección de sus autoridades, el Senado fijó los miércoles y los jueves, luego de las 14, para desarrollar sus sesiones ordinarias.

Un mosaico interesante de normas enviadas a la Cámara alta figura entre los asuntos postergados. Va un ejemplo: la creación de la comisión que tendrá por fin reformar la ley de procedimiento de adopción, que superó el paso de Diputados, de la mano de su autor, el jefe del bloque oficialista, el platense Raúl Pérez.

Hay otro precepto legislativo que tiene sus propias aristas: tiene que ver con la modificación de varios artículos de la meneada Ley Orgánica de las Municipalidades, vinculada nada menos que con la elección de intendentes y concejales municipales.
Una tercera también propugna cambios en el programa de sustitución de bolsas y/o contenedores no biodegradables y una cuarta propicia variantes en la ley que regula el manejo de insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos.

Nacida en el Senado, le sigue otra propuesta de ley que tiende a crear una comisión bicameral -añeja costumbre- para diagramar una política de investigación, estudio, seguimiento y monitoreo de conflictos sanitarios y ambientes provocados por el uso del glifosato en la Provincia.

Entre los expedientes, que el pasado miércoles 16 quedaron para mejor ocasión, se encuentra el que plantea modificar varios artículos y la supresión del capítulo IV de la Ley 13.894, léase antitabaco y regulación de su consumo.

Los miembros del Senado también tienen en su abultada agenda la reglamentación que debe imponerse a los vehículos que lleven ganado en todo el territorio bonaerense y el tratamiento y uso de medidas de profilaxis de la especie canina en áreas rurales y suburbanas para controlar la hidatidosis.

A esos expedientes le suceden proyectos de ley con miras a cambiar artículos de la Ley de Pesca; para crear la Secretaría de Unidad de Información Delictual, que funcionará con autarquía funcional, como también para sancionar una iniciativa que refuerce el Programa Especial con miras a preservar y optimizar la calidad ambiental.
En ese mosaico amplio de temas bajo la mira del Senado se encuentran el que regula la prestación del servicio de seguridad privado provincial; que cambia aspectos del Código de Tránsito, el llamado Banco de Datos de la Suprema Corte de Justicia, así como el que establece que las tarjetas de débito de los empleados públicos operen como tarjetas de crédito.

Además, hay otras propuestas en danza por las cuales se proponen formas de pago para los premios de juego, sin duda para preservar el anonimato y seguridad de los eventuales ganadores, y el que fija la Reserva Hídrica en el Partido de La Plata con el fin de preservar el acuífero Puelche.

Quedan, en sinnúmero de disposiciones legislativas pendientes de su abordaje, aquellas que propician cambios en las disposiciones vigentes en la elección de consejeros escolares; en la asignación de cupos a adjudicar a mujeres jefas de familia y otra que se relaciona con el cuidado del arbolado público.
Al panorama descrito, se le añade el proyecto de ley, sancionado en forma unánime en Diputados, para que se declare reserva natural al Predio de Santa Catalina, emplazado en el partido de Lomas de Zamora.

Hay dos propuestas que tienen comunes perfiles, que también figuran en el ojo avizor de los senadores: la que propugna que docentes y no docentes transferidos a la Provincia, por imperio de la Ley 24.049, podrán jubilarse por el IPS aún cuando no reunieran los años exigidos por ese organismo, y la que le concede ese beneficio provisional a empleados de casinos, pasados en su momento a la órbita bonaerense.
Como un eslabón más en la larga cadena de asuntos para su futuro tratamiento por el Senado, figura el proyecto de ley que determina que los servicios ferroviarios de pasajeros y carga transferidos a territorio bonaerense por el Estado nacional, mediante convenio entre las partes y ratificado por la norma 11.547, continuarán bajo la administración directa provincial.

Un párrafo para los últimos cinco proyectos de seguridad. Se aprobó el de regulación de identidad reservada y quedaron para mejor ocasión, aquellos referidos a la descentralización del tribunal de Casación Penal, el cupo laboral en la administración pública para liberados, la creación de un Cuerpo de Investigación Judicial y la reforma del Código de Ejecución Penal.