El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley de Glaciares y dispuso que el CONICET inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares para contar con información sobre estos recursos.

Si bien se anunció oficialmente que la norma había sido reglamentada, una situación reclamada por ambientalistas y dirigentes de la oposición, se informó que cada provincia deberá ratificar a su vez la ley para su entrada en vigencia.

La Secretaría de Ambiente firmó con el CONICET un convenio marco de trabajo conjunto y otro en el que se explicita el cronograma del inventario sobre áreas glaciares y periglaciares que exige la ley, sancionada el 30 de setiembre por el Senado y promulgada un mes después por la Presidenta.

Encargados de hacer el anuncio fueron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, en el marco de una conferencia de prensa en la que el primero detalló que “tarea específica del inventario de los presupuestos mínimos de glaciares y periglaciares lo va a llevar a cabo el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales”.

Según Aníbal, “cada provincia, según el artículo 124 de la Constitución Nacional tiene potestad sobre sus recursos naturales”, por lo que la aplicación efectiva de la norma puede dilatarse por un tiempo indefinido, tal como ocurre en la actualidad a partir de sendas presentaciones judiciales realizadas por empresas mineras y gobiernos locales contra la ley.

Asimismo Mussi señaló que “no están vencidos los plazos de la reglamentación, los tres meses, depende desde dónde se cuente y, en definitiva, es una discusión administrativa”.

“La Ley de Glaciares es una ley prácticamente reglamentada en sí misma”, puntualizó el funcionario, para quien “lo más importante de la reglamentación de la ley es el Inventario de áreas glaciares y peri-glaciares, para así establecer previamente las actividades prohibidas, las que están en ejecución, someterlas a una auditoria ambiental y a un régimen de sanciones”.