“Ningún pibe nace chorro”. Con este lema, los legisladores nacionales de Proyecto Sur Claudio Lozano y Liliana Parada, organizaron una audiencia en el Anexo de la Cámara de Diputados, de la cual participaron dirigentes de la CTA, entre ellos Pablo Micheli y Carlos Chile, y representantes de Madres-Línea Fundadora, de Serpaj y del espacio “No a la baja”, entre otros.

Durante el encuentro se dieron las razones “técnicas” por las cuales “el Poder Judicial no puede resolver problemáticas sociales y por qué el sistema penal no es una garantía para disminuir los casos de niños-adolescentes en conflicto con la ley”.

Parada y Lozano son autores de un proyecto ley con dictamen de comisión que establece que “en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la Comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema penal general”.

La iniciativa sostiene además que tampoco podrán “atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores de 18 años” y se contrapone con la iniciativa aprobada por el Senado que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Parada advirtió en la audiencia que el 60 por ciento de los jóvenes privados de su libertad provienen de institutos de menores, de acuerdo con informaciones oficiales.

En ese marco, entendió que la baja de edad de imputabilidad “lejos de ser un remedio sigue siendo un castigo” para la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

“No es agravando las penas la forma de resolver la situación de los menores vinculados al delito, sino profundizando el sistema de protección de los niños y adolescentes”, reflexionó el vicepresidente del bloque GEN, Horacio Alcuaz, al participar de la audiencia.

Consideró que, para ese fin, “hace falta poner en práctica la ley 26.061 (de protección de menores), sancionada hace años pero que todavía no cuenta con presupuesto, al igual que sigue sin haberse nombrado al Defensor del Niño, previsto en esa norma”.