En el plenario de comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara de Diputados se había logrado un hecho políticamente positivo: el oficialismo y la oposición consensuaron una iniciativa de ley para introducir grandes cambios en el Código Penal sobre delitos de corrupción de los funcionarios públicos, pero el proyecto nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.

El proyecto del diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega, fue representado con algunas modificaciones consensuadas con el oficialismo por lo que se prevé que volverá a tener las firmas necesarias para obtener dictamen para combatir la corrupción incorporando al Código Penal las figuras jurídicas de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Al igual que otros proyectos en esta misma dirección, se tratará el próximo martes a las 15, en el plenario de comisiones de Legislación Penal y Justicia de la Cámara baja.

En aquella reunión del 15 de junio del año pasado, el diputado oficialista Alejandro Rossi sostuvo que los procedimientos de la actual ley sobre el decomiso “es eficiente por lo que no cambiaria nada”. En esta misma línea, Vilma Ibarra, diputada aliada de Nuevo Encuentro Popular y Social, dijo que el decomiso “tendría que ser más restrictivo”. Por lo que se aceptó esa sugerencia y el nuevo proyecto de ley contempla un decomiso más restrictivo.

Pero, en definitiva, todos los sectores políticos que apoyaron el proyecto de ley, aunque algunos firmaron en disidencia el dictamen, lo volverían a hacer y la iniciativa estaría lista para ser debatida en el recinto.

En una síntesis del proyecto anticorrupción, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), detalló que “el Código Penal Argentino no contiene tipos legales precisos que criminalicen los actos de corrupción mientras que Argentina es uno de los países del mundo con más alta percepción de corrupción, según Transparencia Internacional (se ubica en el puesto 105 entre 133 países medidos)”.

En el mismo sentido, el diputado cordobés explicó las consecuencias económicas de la corrupción. “Mas allá de la razón de ética moral y republicana que exige combatir la corrupción, debe saberse que ésta impacta decisivamente en los procesos económicos”, dijo Vega. Y agregó: “En países como Argentina los proyectos de inversión públicos o privados tienen sobre costos calculados en un 20% en el que se contempla pagos a funcionarios públicos y servicios jurídicos y contables de defensa de la corrupción. Ese sobre costo se traduce en sobreprecios, y ello en costo de vida con impacto en tasas de interés y en tasas de Riesgo País”.

También apuntó contra los empresarios, quienes “deben saber que beneficios sustentables se logran sólo con baja corrupción y la sociedad debe saber que la corrupción en la Argentina no es inevitable”. Al respecto, el proyecto opositor propone el decomiso de bienes en el caso de que se compruebe el enriquecimiento ilícito de las empresas privadas que tuvieran relación con funcionarios públicos.

El fundamento social del proyecto, según la oposición, es “una autolimitación del poder”. “La corrupción es un delito del poder que castiga siempre a los sectores más débiles de la Sociedad. El meta mensaje de esta ley es que por primera vez existe en la Argentina una decisión política legislativa de criminalizar penalmente los actos de corrupción”, asevera Vega.

“La sociedad Argentina frente a la corrupción oscila entre la resignación y la indignación”, señalan los legisladores, quienes también destacan que “este proyecto apunta a quebrar el sobreentendido social de resignación. Esta ley debe llegar a toda la sociedad como mensaje de autolimitación del poder”. En tanto, la oposición plantea un blindaje jurídico basado en el fundamento constitucional del proyecto es el 5° párrafo del art. 36 de la CN, que criminaliza la corrupción.

El fundamento penal de la proporcionalidad punitiva surge del art. 226 del CP. Mientras que el fundamento supranacional es el art. 12 de la Convención de Caracas y los arts. 2 y 24 de la Convención Americana sobre DDHH.

Para mayor precisión, el texto de la norma prevé que la redefinición de los términos “función pública” y “funcionario público” es quizás el mayor aporte práctico inmediato que tendrá este proyecto. “Porque la pretensión punitiva del Estado en materia de corrupción abarcará ahora, no sólo a quienes representen su voluntad, sino a quienes estén a su servicio”.

“Aumentan los mínimos y los máximos penales, donde el mínimo no es excarcelable”, expresó el diputado. Y agregó que “se califica el delito de corrupción por la participación judicial en cualquiera de sus eslabones”.

El nuevo proyecto

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación…

Artículo 1º.- Sustitúyese el nombre del Título XI del Libro Segundo del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Delitos contra la Administración Pública y el Orden Constitucional”

Artículo 2º.- Incorpórese a continuación del párrafo sexto del artículo 23 del Código Penal los siguientes:
Los bienes procedentes o adquiridos mediante la comisión de alguno de los delitos previstos en el título XI del Libro Segundo de este Código, podrán ser decomisados de modo definitivo, por resolución judicial fundada, sin necesidad de condena penal, cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los mismos o cuando se hubiere podido comprobar su origen ilícito, o la ilicitud del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por fallecimiento, fuga o cualquier otro motivo de suspensión de la acción penal, o cuando las circunstancias del caso demostraren la inconveniencia de aguardar hasta la finalización del proceso.

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 256 del Código Penal por el siguiente:
Art. 256.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, solicitare, recibiere o aceptare, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas directas o indirectas, para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización, retardo u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 256 bis del Código Penal por el siguiente:
Art. 256 bis.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta, solicitare, recibiere o aceptare, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas directas o indirectas, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, con el fin de que éste hiciere, retardare o dejare de hacer algo relativo a sus funciones o para que hiciere valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a un contrato, transacción o subsidio de naturaleza económica, financiera o comercial.

Si aquella conducta estuviere destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, con el fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión se elevará a doce años y la inhabilitación hasta quince años.

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 257 del Código Penal por el siguiente:
Art. 257.- Será reprimido con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el magistrado del Poder Judicial o el representante del Ministerio Público, que por sí o por persona interpuesta, solicitare, recibiere o aceptare, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas directas o indirectas, para emitir, dictar, demorar u omitir dictar un dictamen, resolución o fallo, en asuntos sometidos a su jurisdicción o para que hiciere valer la influencia derivada de su cargo en actuaciones administrativas, en un asunto vinculado a un contrato o transacción, de naturaleza económica, financiera o comercial o cualquier acuerdo extrajudicial.
La pena será de cinco a quince años e inhabilitación especial perpetua, cuando se tratare de causas penales y en perjuicio del imputado.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 258 del Código Penal por el siguiente:
Art. 258.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública o la profesión u oficio vinculado al hecho, el que por sí o por persona interpuesta, directa o indirectamente, diere u ofreciere, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas directas o indirectas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256, 256 bis y 257. Si el culpable fuere funcionario público, auxiliar de justicia, contador, síndico o abogado, se le impondrá además inhabilitación especial hasta quince años.

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 258 bis del Código Penal por el siguiente:
Art. 258 bis.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere, a un funcionario público de otro Estado, de un organismo internacional, tribunales o árbitros internacionales, para su beneficio o de un tercero, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas directas o indirectas, a cambio de que realizare, retardare u omitiere realizar, un acto relacionado con el ejercicio de sus funciones, o para que hiciere valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto vinculado a un contrato o transacción de naturaleza económica, financiera o comercial.

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 259 del Código Penal por el siguiente:
Art. 259.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público, que por sí o por persona interpuesta, solicitare, recibiere o aceptare, dinero o cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas directas o indirectas, para sí mismo o para otra persona o entidad, que fueren entregadas en consideración de su oficio, mientras que permaneciere en el ejercicio del cargo.
Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que presentare u ofreciere beneficios, dádivas, dinero o cualquier elemento de valor pecuniario.

Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 260 del Código Penal por el siguiente:
Art. 260.- Será reprimido con inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público, que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio al que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, prisión de un mes a dos años.

Artículo 10º.- Sustitúyese el artículo 261 del Código Penal por el siguiente:
Art. 261.- Será reprimido con prisión de dos a diez años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público, que sustrajere caudales, o efectos cuya administración, percepción o custodia le hubiesen sido confiados por razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena, el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por la administración pública.

Artículo 11º.- Sustitúyese el artículo 262 del Código Penal por el siguiente:
Art. 262.- Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público, que por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la substracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

Artículo 12º.- Sustitúyese el artículo 264 del Código Penal por el siguiente:
Art. 264.- Será reprimido con inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público, que teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente.
En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

Artículo 13º.- Sustitúyese el artículo 265 del Código Penal por el siguiente:
Art. 265.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que interviniere en razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores; veedores, interventores, administradores o partidores judiciales, con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales.

Artículo 14º.- Sustitúyese el artículo 266 del Código Penal por el siguiente:
Art. 266.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, dinero, una contribución, un derecho, favores, una dádiva o cobrare mayores derechos que los que correspondieren.

Artículo 15º.- Sustitúyese el artículo 267 del Código Penal por el siguiente:
Art. 267.- Si se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, se impondrá prisión de tres a diez años y hasta quince años de inhabilitación especial para ejercer la función pública.

Artículo 16º.- Sustitúyese el artículo 268 del Código Penal por el siguiente:
Art. 268.- Será reprimido con prisión de tres a doce años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores.

Artículo 17º.- Sustitúyese el artículo 268 (2) del Código Penal por el siguiente:
Art. 268 (2).- Será reprimido con prisión de dos a ocho años, multa del cincuenta por ciento al cien por cien del valor del enriquecimiento e inhabilitación especial hasta diez años para ejercer la función pública, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o función pública, y hasta cinco años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho.

Artículo 18º.- Incorpórase como Capítulo IX ter al Título XI del Libro II del Código Penal el siguiente:
“Capítulo IX ter- Disposiciones Comunes a los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis
Art. 268 (4).- Los directores, administradores, gerentes y personal jerárquico de las empresas o entidades privadas que prestaren servicios públicos, administraren temporalmente bienes o fondos públicos, o de cualquier modo ejercieren, cooperaren o auxiliaren en funciones estatales, por delegación legal o contractual, recibiendo contraprestaciones del estado, se reputarán funcionarios públicos al solo efecto de las conductas tipificadas por los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título.
Regirá para ellos la agravante prevista en el artículo 268 (7)

Art. 268 (5).- Será reprimido con prisión de tres a doce años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por los delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título:

1. Cuando se tratare del Presidente, Vicepresidente, Gobernadores, Vicegobernadores, Intendentes municipales, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, directores generales o nacionales, o quienes tengan jerarquía equivalente en el orden nacional, provincial o municipal, legisladores nacionales, provinciales o municipales, jueces o fiscales y procuradores del Ministerio Público;

2. Cuando se tratare de personal jerárquico o funcionarios de los organismos de control o de las fuerzas armadas, de seguridad u organismos de inteligencia en grado de jefes o equivalentes.

Si el delito tiene prevista únicamente pena de inhabilitación, multa o una pena de prisión de hasta tres años, el máximo de ella se elevará al doble.

Art. 268 (6).- Cuando los hechos delictivos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título hubieren sido realizados por, en nombre, en beneficio de una persona jurídica, o esta hubiere sido utilizada como instrumento, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente:
1. Multa equivalente al monto del dinero desviado de la entidad pública cuando pueda ser calculado o hasta el 20 por ciento del giro de facturación de la empresa en el año fiscal inmediato anterior al hecho;
2. Suspensión total o parcial de actividades que en ningún caso podrá exceder de 10 años;
3. Suspensión para participar en licitaciones, obras, servicios públicos o cualquier otra actividad vinculada con el Estado que en ningún caso podrá exceder de 10 años;
4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad;
5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales;
6. Auditoria periódica;
7. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta la importancia de la participación de la entidad en el acto delictivo, el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, y la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica.

Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, el juez podrá ordenar la intervención judicial conforme a la ley civil o comercial y por el plazo estrictamente necesario.

Art. 268 (7).- Será reprimido con prisión de cinco a quince años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública cuando los actos ilícitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título dañaren o entorpecieren la prestación de servicios públicos esenciales, programas alimentarios, de salud o asistencia familiar o social básica, subsidios de desempleo o la provisión de insumos, bienes o servicios básicos, destinados a hospitales o escuelas; o se tratare de insumos, bienes o servicios destinados o disponibles para una situación de catástrofe, epidemia, conflicto armado, conmoción interior, u otra emergencia declarada legal o administrativamente o cuando en provecho del funcionario público o de terceros se hicieren negociaciones o acuerdos internacionales gravemente perjudiciales para los intereses del país.
Si el delito tiene prevista únicamente pena de inhabilitación, multa o una pena de prisión de hasta tres años, el máximo de ella se elevará al doble.

Art. 268 (8).- En los hechos delictivos previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX y IX bis de este título podrá excepcionalmente reducirse la escala penal aplicando la de la tentativa o limitándola a la mitad, al imputado que, antes del dictado de la sentencia definitiva, colabore eficazmente con la investigación. Para obtener el beneficio se deberá brindar información esencial para evitar la consumación o continuación del delito o la perpetración de otro, o que ayude a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, o suministre datos de manifiesta utilidad para acreditar la intervención de otras personas o la recuperación de bienes, siempre que el delito en que se encuentre involucrado el beneficiario sea igual o más leve que aquél respecto del cual hubiere brindado o aportado su colaboración y hubiere reparado los daños ocasionados por su conducta.

Art. 268 (9). Será reprimida con prisión de uno a tres años la persona que se acoja a los beneficios del artículo anterior y formule señalamientos falsos o proporcione datos inexactos sobre terceras personas.

Art. 268 (10). El mínimo y el máximo de la pena de prisión podrán ser reducidos a la mitad, cuando el autor o los partícipes devolvieren los bienes desviados o sustraídos, o repararen integralmente el daño causado.