“Nuestra solicitud se basa en que a raíz del accidente de trenes a la altura de la localidad de San Miguel, el pasado 15 de febrero, y teniendo conocimiento de innumerables reclamos de particulares y del informe emitido por la Auditoria General de la Nación en su informe número 639 /05, que tenía como objetivo el evaluar la gestión de control en relación al servicio de la ex línea ferroviaria General San Martín, ya que esa explotación está a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia SA (UGOFE SA)”, explicó en su proyecto el diputado Miguel Angel Giubergia.

El legislador radical puntualiza que “la actuación de la AGN, las tareas de campo se desarrollaron entre el 6 de Febrero de 2006 y el 16 de Septiembre de 2006 y se observan entre otras graves anomalías. A pesar de ser remitido a la Secretaría de Transporte de la Nación, hasta la fecha no se evidenciaron los cambios que resolvieran las irregularidades que allí se describen”.

“Queremos saber cuál es la responsabilidad de la empresa gerenciadora y cuál es la del Estado, dado que los Art. 6, 8 y 9 del Acuerdo de Gerenciamiento firmado entre la Secretaría de Transporte de la Nación y la firma UGOFE S.A., compuesta por Metrovías S.A., Ferrovías S.A.C. y Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), sobre la ex Línea San Martín, serían los más controversiales respecto de la responsabilidad del operador”, detalló el vicepresidente comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Giubergia detalló que además “se observa el incumplimiento del Artículo 2 del Decreto 861/06 por parte de la Secretaría de Transporte, el cual dispuso instrumentar dentro del plazo de un año, los actos tendientes al llamado a licitación pública para otorgar la concesión de la línea ferroviaria, pero al cierre de las tareas de campo, no se habían obtenido evidencias que hayan permitido concluir respecto de su cumplimiento, que indica que los servicios gerenciados por UGOFE SA continúan operándose en un marco de transitoriedad y precariedad”.

El legislador jujeño amplió que “los Acuerdos de Operación tienen un ‘acotado riesgo empresario’ y ausencia de penalidades, en donde se puede advertir que los mismos permitieron advertir un acotado riesgo empresario al establecerse una serie de prerrogativas relacionadas con reclamos sobre bienes inventariados recibidos, reclamos de personal que administre el operador, indemnidad del operador o sus accionistas, sus directores y los directores de sus accionistas por todos los daños y perjuicios y en general todo rubro o concepto que pudieren válidamente ser reclamados por los terceros ajenos al convenio en concepto de responsabilidad civil en los términos del código civil y código de comercio de la Nación”.

“Como si esto fuera poco, se advierte el incumplimiento de los procedimientos en materia de contrataciones públicas para obras de mantenimiento, no garantizando los principios de publicidad, concurrencia, competencia y transparencia, que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de los fondos involucrados”, denunció Giubergia.

“Otra de las cuestiones que se observan es que, a pesar de la sanción de la Ley 26352 de Reordenamiento Ferroviario, la prestación de los servicios ferroviarios de los Grupos auditados, se continúan realizando en el marco de los Acuerdos de Gerenciamiento Operativo suscriptos oportunamente”, remarcó el diputado radical y concluyó: “las autoridades nacionales deben responder sobre esta situación porque los compatriotas muertos o heridos y los tantos damnificados que día a día padecen la ineficiencia, la negligencia y la falta de respeto a sus derechos no merecen que se les explique que está pasando, ya que desde el año 2007 se les advertía irregularidades que hasta la fecha no se habrían corregido”.

Este iniciativa de Giubergia es acompañada por su pares Juan Pedro Tunessi, Elsa Alvarez, Mario Fiad, Gustavo Cusinato, Heriberto Martinez Oddone y Eduardo Costa.