Las Comisiones de Legislación Penal y de Justicia de la Cámara de Diputados pospusieron hoy para unas semanas la firma del despacho a favor del proyecto para aumentar la responsabilidad penal en caso de delitos de funcionarios públicos.

El proyecto, que tuvo dictamen el año pasado pero con muchas disidencias que todavía no se lograron zanjar, incorpora al Código Penal figuras de responsabilidad penal de las personas jurídicas, decomiso sin sentencia previa, incorpora la figura “colaborador eficaz” y establece agravantes de penas para jueces que cometieren hechos de corrupción.

El presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (CC), estaba decidido a poner el dictamen en la firma con el argumento de que se había reformado, en relación al texto del dictamen de 2010, el artículo segundo relacionado con el decomiso, pero fue frenado por su par de bloque, Marcela Rodríguez. La diputada de la Coalición Cívica marcó sus disidencias con la idea de aumentar las penas, algo que estima que hasta el momento no vino generando el efecto esperado, y con la figura del “arrepentido”, porque cree que “el Estado no puede asociarse con delincuentes”.

La siguió con sus objeciones el diputado del Frente para la Victoria, Oscar Albrieu, quien pidió que se pospusiera la firma del dictamen, en lo cual luego coincidieron Laura Alonso (PRO) y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro).

“Creo que la sociedad nos va a mirar con estupor. La gente sabe que los delitos del poder no pagan y los delitos de la pobreza pagan demasiada”, insistió Vega intentando convencer, infructuosamente, a sus pares de avanzar con la firma del dictamen. Vega no tuvo otra alternativa que posponer la firma del despacho hasta la próxima reunión, en una fecha que no se precisó.