El diputado nacional Juan Pedro Tunessi presentó un proyecto por el cual declara la urgente necesidad de que el Poder Ejecutivo disponga, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y con el fin de garantizar la normal prestación de servicios básicos para la población, disponga la inmediata declaración de ilegalidad de la huelga convocada por el Sindicato de Choferes de Camiones de la República Argentina, para el próximo 21 de marzo, cuyas motivaciones exceden claramente el marco del derecho constitucional consagrado por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.

“El artículo 14 bis de nuestra Constitución consagra a favor de los trabajadores y sus entidades gremiales, el Derecho de Huelga, con el claro propósito de favorecer la defensa de sus legítimos intereses”, sostuvo el legislador radical.

Agregó Tunessi que “en el contexto de una investigación judicial internacional que involucra al titular del gremio de camioneros y secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se ha convocado a un paro de choferes para el próximo lunes 21, con el deliberado propósito de presionar a las autoridades ejecutivas y judiciales, al tiempo que se anuncian movilizaciones y se fustiga a la prensa, a la que se exige que revele fuentes y evite publicar información que pueda perjudicar la imagen o los intereses del dirigente sindical”.

El proyecto puntualiza que “estamos en presencia de una actitud extorsiva e intolerable para una democracia, ya que se pretende por esta vía excluir de la potestad de la justicia a un ciudadano por el solo hecho de tener acceso a resortes e instrumentos de poder y capacidad por esta vía de tomar como rehén a la sociedad. Se viola así el principio fundamental de igualdad ante la ley, frente a lo cual las autoridades no pueden permanecer inermes”.

“Es una obligación legal de todo ciudadano someterse a la Justicia, aun cuando se considere injustos los motivos o razones que inducen su accionar. Para ello nuestro ordenamiento jurídico garantiza ampliamente el derecho a defensa. Nada puede estar sobre ella si queremos vivir en una República. Pero más aún, tal obligación, resulta una exigencia moral para todo aquel que ocupa una responsabilidad pública o vinculada con el manejo de la cosa pública”

“Hugo Moyano, con sus métodos de apriete, con sus mecanismos de acción directa, frente a la intolerable anuencia del Gobierno, fue acumulando un poder de tal magnitud que hoy le permite creer que puede estar por fuera de la ley, desobedecer a la justicia y extorsionar a todos los Argentinos. Ahora ha decidido condicionar al propio Gobierno de quien obtuvo todas las concesiones y canonjías imaginables”, agrega el proyecto.