La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, cuya titular es la legisladora del Peronismo Federal Sonia Escudero, comenzó a debatir en relación con los cambios en la ley de trata de personas, en una reunión que se realizó este martes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Hay tres iniciativas en cuestión. La primera, cuyos impulsores son los tucumanos Sergio Mansilla y Beatriz Rojkés de Alperovich –ambos del oficialismo-, crea la Unidad de Enlace para el Seguimiento y Tratamiento de Temas Vinculados a la Trata y Tráfico de Personas; el segundo fue presentado por el radical Roy Nikisch; mientras que el tercer proyecto es de la formoseña Adriana Bortolozzi: el texto de la legisladora de Esperanza Federal establece “excluir el consentimiento de la víctima como causa eximente de responsabilidad penal, civil o administrativa para el que cometiere el delito”.

Durante el debate expusieron la Directora Ejecutiva de la Asociación Mujeres en Igualdad, Monique Thiteux Altchul; el director de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo; la representante regional del Mercosur de la Coalición contra la trata de Mujeres en América Latina y moderadora de la Red No a la Trata, Sara Torres; la coordinadora del programa Esclavitud Cero de la fundación El Otro, Mercedes Assoratti; la directora de proyectos de la Fundación MAMA de Marita Verón –que preside Susana Trimarco-, Andrea Romero; el vicepresidente de la Fundación La Alameda, Mario Ganora; y la coordinadora de la Red Nacional Alto el Tráfico y la Trata (RATT), Viviana Caminos.

Al término del encuentro, Escudero aseguró que “hay una gran coincidencia en cuanto a las modificaciones que necesita la ley de trata, aprobada hace pocos años”, y agregó: “El ajuste más importante tiene que ver con la cuestión del consentimiento, que ha llevado a que haya una interpretación jurisprudencial terminó con la impunidad de algunas personas dedicadas a la trata en aquellos casos donde las víctimas eran mayores de edad, cuando hubieren dado –supuestamente- su consentimiento”.

La legisladora salteña señaló que “la Argentina tiene una posición clara, de todo el arco político, de repudio a la trata, se trate de una persona mayor o menor de edad, por lo que el tipo penal no tiene que ser diferente”, y añadió que “en caso que la víctima sea menor, deberá contemplarse como un agravante de la pena”.

Por último, Escudero dejó en claro que “el objetivo es avanzar en forma consensuada con la Cámara de Diputados –donde el tema ya ha sido debatido en comisión el año pasado- para que sea más fácil alcanzar una sanción definitiva”, y concluyó: “También intentaremos avanzar en la creación de un programa nacional para agilizar los sistemas de localización y búsqueda de las víctimas, y para mejorar la asistencia por parte del Estado, apuntando hacia su emancipación, superando el simple asistencialismo”.