El 19 de noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de la denuncia que llegara a esa comisión por la situación de cinco adolescentes, emitió un informe donde responsabilizó internacionalmente al Estado argentino por mantener un sistema de justicia de adolescentes en el que se los trata igual que los adultos y también concluyó que estos fueron sometidos a torturas y condiciones inhumanas de detención, situación que diera lugar a la muerte de uno de ellos.

Frente a esta situación, Victoria Donda, presidenta de la comisión de DDHH expresó: “Es irónico y terrible que mientras que el capitán Jorge Acosta y el suboficial Carlos Vega son condenados a penas de entre 18 y 22 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura; Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez, César Alberto Mendoza, Cristián Saúl Roldán Cajal y Diego Arce, cinco adolescentes que también cometieron delitos pero no de genocidio, reciban condenas a prisión y reclusión perpetua sin posibilidad alguna de revisarlas”.

Ante la recomendación de la CIDH al Estado argentino de disponer las medidas necesarias para que los adolescentes puedan acceder a una revisión amplia de su sentencia y se les aplique los estándares internacionales en materia de justicia penal de niños, niñas y adolescentes, la legisladora opinó que “mientras el Gobierno se vanagloria de ser el abanderado de los derechos humanos, el Estado corre el riesgo de tener en los próximos meses una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni más ni menos que por no garantizar los derechos humanos fundamentales de nuestro pibes. ¿Será que el Gobierno en el fondo no considera violación de derechos, el encierro de jóvenes pobres para toda su vida, o estará evitando enfrentarse a los sectores más reaccionarios del país que defienden la ley de minoridad de la dictadura?”.

La diputada de Libres del Sur concluyó: “Creo que debemos tener una respuesta concreta y urgente de parte del gobierno. Debemos seguir avanzando en el congreso para que de una vez por todas se sancione el Régimen Penal Juvenil –sin bajar la edad de imputabilidad- y el Sistema Nacional de Prevención contra la tortura, y debatir con el Poder Judicial la necesidad de adecuar la administración de Justicia a la normativa internacional y no aplicar las leyes nefastas que dejó la última dictadura”.