Presentan denuncia penal contra Moyano

Un legislador provincial presentó una demanda penal en la Justicia de Lomas de Zamora contra el titular de la CGT y su hijo, para que se investiguen los vínculos que podrían existir con la empresa Covelia.

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Walter Martello, presentó una denuncia en la Justicia platense para que se investigue al titular de la CGT, Hugo Moyano, y de su hijo, Pablo Moyano, actual secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, a partir de la “estrecha relación” que mantendrían con la empresa de recolección de residuos Covelia.

Esta compañía está siendo investigada, por la Justicia de Suiza, ante la sospecha de estar involucrada en operaciones de lavado de dinero.

En su presentación, el diputado provincial pidió que se cite a declarar a los intendentes de los distritos donde presta servicio la empresa; a Eduardo Lorenzo Alderete y Juan Carlos Robles, dos dirigentes sindicales de Mar del Plata, ex aliados de Moyano, que en una nota publicada por un diario de tirada nacional confirmaron la existencia de vínculos entre el titular de la CGT y la mencionada empresa.

También pidió que se convoque al ex secretario de Gobierno de Necochea y actual concejal, Alberto Esnaola, que en un portal de noticias dio detalles de cómo Pablo Moyano habría actuado de forma mancomunada con representantes de Covelia para intentar quedarse con el negocio de la recolección de basura en el ese distrito.

En su denuncia radicada en la UFI 6 a cargo de la doctora Fabiola Juanatey, y que lleva el número de IPP 18737-11* los integrantes de Covelia es en casi todos los lugares la misma. Cuando se abre la posibilidad de que se extinga el término de una concesión, relacionada a la recolección de residuos domiciliarios en la provincia, o se presupone que han de perderla porque otras firmas ofrecen mejores servicios y precios, a través de las bases del movimiento sindical del gremio de camioneros, se realizarían toda clase de presiones que hasta llegan a actos vandálicos, los que terminan venciendo la resistencia de los intendentes”.

La demanda agrega: “Esta situación, lleva a un callejón sin salida a los municipios, que deben aceptar las condiciones contractuales irracionalmente desventajosas y leoninas, que en todos los casos compromete seriamente las finanzas públicas, al verse obligadas a la postergación de otros servicios públicos, como ser atención hospitalaria, educacional, sueldos de empleados y un sin fin de actividades vinculadas con al funcionamiento del Estado municipal”.

La denuncia detallas distintas irregularidades cometidas en municipios bonaerenses donde opera la mencionada empresa, que factura anualmente alrededor de unos 720 millones de pesos. Varios de estos casos formaron parte de una investigación que realizó el año pasado el propio diputado Martello.

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