El Gobierno reclama la sanción de la ley contra el Lavado de Dinero

La presidenta de la Nación recibió en su despacho a los jefes de los bloques oficialistas, el titular de la Cámara baja y el presidente provisional del Senado, con el objeto de transmitirles la necesidad de aprobar la norma. Buscan conciliar posiciones.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se presentó este miércoles ante la prensa junto al ministro de Justicia, Julio Alak, y los titulares de las bancadas kirchneristas de ambas cámaras, Miguel Angel Pichetto y Agustín Rossi, con el objeto de hablar de la necesidad de apurar la sanción de la ley contra el Lavado de Dinero, a fin de evitar sanciones contra la Argentina.

Los representantes oficialistas se reunieron en la Casa de Gobierno, donde según expresó el jefe de ministros buscaron unificar criterios respecto del proyecto que ya fue enviado al Parlamento en junio del año pasado, tratando de conciliar las posiciones para insistir y “para que se cumpla en los plazos más cortos posibles” con esa norma.

Plazos que Fernández aclaró que deben cumplirse en el mes de mayo, fecha en la que se necesita la sanción definitiva de esa ley.

“Hemos ordenado algunos criterios y son los que se van a llevar y sostener en el Congreso de la Nación para tratar de cumplir con los plazos y llegar en tiempo y forma como nos habíamos comprometido en términos internacionales”, detalló Aníbal Fernández.

En el salón estaban presentes también el presidente de la Cámara baja, Eduardo Fellner, y el presidente provisional del Senado, José Pampuro, todos los cuales fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández, quien transmitió personalmente la necesidad de apurar la norma.

Encargado de detallar la situación fue el ministro de Justicia, quien recordó que Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, y al ser miembro pleno participa junto a 35 países en la conducción del grupo de acción financiera internacional, que está integrado prácticamente por todos los países del mundo.

“Desde entonces el delito transnacional se ha ido modificando, y las condiciones de globalización han permitido también que surjan nuevos delitos, no solamente con el tema financiero, lavado de activos, o financiamiento del terrorismo, sino también delitos electrónicos o ciberdelitos”, explicó Alak ante la prensa. Por lo tanto, la legislación local tiene que ir adecuándose a tipificar y a condenar las nuevas acciones delictivas que se generan en nuestro país, y por otro lado fortalecer las estructuras que tiene el Estado argentino para la lucha contra el lavado de activo y financiamiento del terrorismo, personificadas en la Unidad de Información Financiera (UIF).

El ministro explicó que por ello en junio del año pasado, por una expresa recomendación del GAFI, se envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que fortalece la estructura de la UIF, y por otra parte actualiza el equipo penal de condenar el lavado de activos.

“Ese proyecto de ley es indispensable que sea sancionado positivamente, atento a que Argentina está siendo examinado, como todos los países del mundo, para ver si moderniza su legislación, y debe ser sancionado antes del mes de junio”, remarcó el funcionario, que destacó que “la presidenta nos anticipó nuevamente su decisión de que este proyecto de ley se sancione para evitar que la Argentina sea incluida en el grupo de países no cooperativos”.

Los funcionarios y legisladores anunciaron de esa manera la intención de “ratificar que hay una posición unívoca del oficialismo en este tema, y necesitamos que la oposición también acompañe con su voto y su decisión, porque quien va a ser condenado, sino sancionamos esa ley, no es el Poder Ejecutivo, sino el Estado Argentino, por lo tanto hay una responsabilidad de los tres poderes”.

Al respecto, Alak apuntó también hacia el Poder Judicial, al destacar que desde que se creó la Unidad de Información Financiera se han recibido prácticamente 10.300 reportes de operaciones sospechosas y además se ha pedido especialmente que se investiguen a mil. “Lamentablemente, de este número que se ha elevado a la Justicia solamente ha tenido una condena -remarcó-. Esta es una asignatura pendiente”.

Para más datos, puntualizó que esa única condena no fue contra un gran narcotraficante, ni una institución que ha lavado dinero, sino contra un parrillero de la provincia de Córdoba. Una mini empresa familiar, acusada por lavado de dinero. Advirtió también que “tenemos casos más grandes e importantes y sin embargo no tenemos sentencias condenatorias, y eso también atenta contra la situación de nuestro país como miembro permanente del GAFI”.

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