La Justicia rechazó amparo para frenar licitación de AUSA

El Tribunal Superior de Justicia porteño no reconoció legitimación de un legislador que pretendía suspender el llamado de licitación de AUSA a raíz de lo cual rechazó el recurso de amparo que en instancia inferior había obtenido un fallo favorable.

De esa manera el Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno porteño y por Autopistas Urbanas S.A. y resolvió revocar la sentencia impugnada y anular lo actuado en el expediente “Epszteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales en Epzteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ amparo”.

La sentencia cuestionada confirmaba la decisión de primera instancia que, a su turno, había concedido la medida cautelar solicitada por diputados que invocaron su condición de ciudadanos -cualquier habitante está legitimado en los casos que se vean afectados derechos o intereses colectivos-, alegaron destinada a suspender el llamado a licitación pública Nº 04-AUSA-2010, hasta tanto se resolviera el planteo dirigido a obtener la nulidad del referido procedimiento de selección, que los accionantes apoyaron básicamente en la ausencia de autorización legislativa invocando el menoscabo del principio de legalidad.

Al respecto los jueces Luis Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás, consideraron que bajo ninguna de las posibles interpretaciones de la pretensión los actores poseían legitimación para instar el amparo. En tal sentido, dijeron “si la pretensión de autos consistiera en prevenir la vulneración del principio de legalidad, en defensa de los intereses del pueblo, ello no constituye una causa y sólo corresponde a los titulares de derechos políticos ejercerlos en las urnas. En cambio, si por su intermedio se buscara resguardar derechos de incidencia colectiva, era imprescindible identificar alguno que asistiera a un grupo por el que los actores pudieran intervenir ante los tribunales, porque ni el erario público ni la legalidad ostentan tal carácter”.

Finalmente, el Tribunal manifestó en su dictamen que “el resguardo de las competencias legislativas no les ha sido encomendado a los actores pues el mandato conferido como diputados los habilita a ejercer sus atribuciones en la Legislatura y no, por regla, ante el Poder Judicial”.

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