Denuncian a Montenegro y Garré por abandono de persona

En el marco de la disputa por el tema de la custodia de edificios públicos de la Ciudad, Hourest enumeró responsabilidades de los gobiernos nacional y porteño.

“Vamos a denunciar que los ministros Montenegro y Garré están incursos en el delito de abandono de persona tipificado en el artículo 106 del Código Penal”, adelantó el titular del bloque del GEN en la legislatura porteña, Martín Hourest.

El anuncio fue formulado durante la presentación del “mapa de las irresponsabilidades” de los gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual Hourest señaló las responsabilidades, concurrentes y propias, incumplidas de ambas administraciones en materia de seguridad democrática.

El diputado Hourest reclamó que “hay que darle lugar a las palabras, al diálogo y los acuerdos; no es una pelea de patotas por ver quien domina una esquina o un barrio. Esperemos que no haya una tragedia para que Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner dejen de especular con el sufrimiento ajeno”.

El legislador de la agrupación que lidera Margarita Stolbizer enumeró algunas irresponsabilidades concurrentes de los gobiernos nacional y porteño, señalando en principio que se le “miente a la sociedad en su conjunto y a la Legislatura acerca de acuerdos, conversaciones y protocolos de funcionamiento que se estaban llevando armoniosamente adelante entre ambas jurisdicciones”.

Los cuestionó por “desarrollar un conflicto sordo sobre el dominio del territorio y las situaciones de conflicto que se suscitan”, como así también “desarrollar una competencia regresiva acerca de quien hace mas daño a la imagen del otro (Fernández de Kirchner vs. Macri, y viceversa) sobre la base de poner en duda la seguridad ciudadana sin reconocer que se juegan vidas, derechos y proyectos personales.

“Destruir, a conciencia, los mecanismos de cooperación interjuridiccionales imprescindibles para garantizar una seguridad ciudadana democrática”, incluyó el legislador porteño.

En cuanto a las irresponsabilidades propias de la gestión de Mauricio Macri, Hourest señaló la “ausencia de planificación y previsión para contingencias de este tipo, no obstante contar con una fuerza de 2.000 efectivos (la Policía Metropolitana) y en crecimiento; estructura deformada de los mandos y tropa de la Policía Metropolitana donde la relación personal jerárquico/ tropa es cercana a 1 a 1; despliegue territorial de la Policía Metropolitana no asentado sobre el mapa del delito, ni sobre la cobertura de derechos (comenzando por los más débiles y vulnerables), sino solo en dos comunas y en operaciones de “publicidad corporativa” en el resto del territorio de la ciudad. En especial en las zonas de mayor visualización”.

Asimismo citó la “usencia de relación entre el funcionamiento de la Metropolitana y los delitos efectivamente transferidos a la ciudad y su localización; el gasto de $ 500 millones para una política que no identifica objetivos claros y no establece prioridades; y la “negativa a sancionar las leyes relativas a la política de seguridad que la Comisión Investigadora Especial recomendó en su dictamen de mayoría en diciembre pasado”.

También Martín Hourest, legislador porteño del GEN, contó lo que a su juicio son “irresponsabilidades” propias del Gobierno nacional, mencionando la insistencia de “la absurda negativa a transferir las comisarías y la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, con sus recursos, a la Ciudad de Buenos Aires”, y la desprotección “mediante maniobras sorpresivas o golpes de efecto a millares de ciudadanos de intemperie que necesitan condiciones mínimas de seguridad para ejercer sus derechos”.

“Frente a una operatoria repudiable y generadora de corrupción como los servicios de ‘policía adicional’ asumir una actitud sesgada y recortarlos sólo para la Ciudad de Buenos Aires, y no para bancos, empresas, clubes de fútbol y otras provincias. Terminar con ese foco de corrupción policial no pasa por golpear su eslabón más débil y menos ejerciendo discriminación política”, concluyó el legislador.

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