Avanza el proyecto sobre desaparición forzada de personas

Avalaron en comisión la iniciativa que incorpora esa figura al Código Penal.

Previsiblemente, un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, aprobó por unanimidad un dictamen para un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas.

Se trata de una modificación al Código Penal, que incorpora el artículo 142, en cumplimiento del Tratado de Derechos Humanos de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.

La norma ya fue aprobada en el Senado, por lo que en caso de ser aprobada por la Cámara baja se convertirá en ley.

El texto del proyecto también modifica el Código Procesal Penal de la Nación en lo que tiene que ver sobre las facultades y obligaciones de los jueces.

Sucede que el proyecto crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado.

Para este ilícito se aplican penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.

El titular de la Comisión de Legislación Penal, el cívico Juan Carlos Vega, resaltó el valor de la iniciativa y destacó el “metamensaje” de la misma: “castigar el abuso de poder del Estado y no la pobreza”.

Tanto Vega como la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, se comprometieron a impulsar el tratamiento del proyecto en el recinto “cuanto antes”.

Según señaló el diputado kirchnerista Remo Carlotto, el Congreso está en mora con la sanción de la ley, que consideró como “una señal importante para que los jóvenes que fueron estigmatizados en nuestra sociedad”.

El proyecto establece que cuando las desapariciones forzadas terminen en la muerte de la víctima o con la imposibilidad de sus familiares de hallarla, la pena será de prisión perpetua. Esa misma condena se aplicará también en el caso de que la víctima sea una mujer embarazada, un menor de dieciocho años, un mayor de setenta, una persona con alguna discapacidad, o para alguien nacido durante la desaparición forzada de su madre.

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