La iniciativa en cuestión decía que la Auditoría General de la Nación aportaba evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde 2002. Se pedía enviar lo investigado a la Justicia Federal. La bancada kirchnerista impuso un despacho de minoría y todos esos informes se mandarán al Poder Ejecutivo. La sesión de este miércoles comenzó a las 14.05 y terminó a las 18.
El oficialismo rechazó este miércoles en el recinto del Senado un dictamen opositor que planteaba que la Auditoría General de la Nación (AGN) aportaba evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la Administración de Programas Especiales (APE) desde 2002, y pedía enviar lo investigado a la Justicia Federal.
La bancada kirchnerista, cuyo líder es el legislador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, impuso un despacho de minoría y todos esos informes se mandarán al Poder Ejecutivo.
El radicalismo, que era uno de los impulsores del proyecto rechazado, expresó en un comunicado: “La Auditoría General de la Nación (AGN) aporta evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales para con la APE desde 2002. Se encontraron sobreprecios en la compra de vacunas, falta de control de las prestaciones médicas subsidiadas, y rendición de medicamentos con la presentación de troqueles en fotocopia, en lugar de originales. El órgano de control remitió su informe en 2007, pero recién pudo tratarse en la Comisión Mixta con el cambio de autoridades de 2010”.
Los legisladores que firmaron el despacho de mayoría querían que se determinaran las responsabilidades, el eventual perjuicio fiscal, y se remitieran las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción, y a la Justicia Federal.
El debate sobre la APE
El primero en hacer uso de la palabra fue el titular de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, que explicó: “Luego del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), proponemos tres puntos que pretendemos que considere este Senado. El primero es regularizar lo observado por AGN; el segundo, determinar perjuicio fiscal; mientras que el tercero es deslindar y efectivizar las respondientes responsabilidades”.
Morales señaló que no se puede perder más tiempo en relación con este tema ya que “hace más de un año” que se está tramitando esta cuestión. El legislador jujeño puso como ejemplo “lo sucedido en 2004 con la campaña antigripal, con subsidios acordados a seis obras sociales, en las que se detectó que se ha pagado, desde la APE, un valor por monodosis de 24 pesos, cuando en realidad costaban en el mercado 12 pesos, es decir que pagan el doble del valor”, y la “rendición de cuentas con fotocopias de troqueles”.
El también senador radical y titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta, José Cano, manifestó que “a medida que corra el tiempo, serán más escandalosos los informes”, y agregó que con este tema “se ha generado una situación que genera corrupción”.
La respuesta del oficialismo vino por parte del vicepresidente de Comisión Mixta Revisora de Cuentas, Nicolás Fernández, que expresó: “El dictamen de mayoría tiene severos vicios inconstitucionales. Este paso intermedio que se intenta realizar, que no es una denuncia, busca ser noticia. Esto de informar al Poder Judicial a mitad de un proceso sin descargo es una barbaridad”.
El inicio de la sesión
Lo primero que se realizó fue la jura del nuevo prosecretario parlamentario de la Cámara alta, el ex diputado Luis Borsani, que ocupará el cargo que tenía Juan José “Manolo” Canals, que murió el 2 de marzo pasado.
El pleno del Senado luego aprobó un proyecto –homenaje- en el que se expresa “beneplácito por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Paraguay”.
Después hubo un debate sobre cuatro ascensos de cancillería –a la categoría B-, aunque el oficialismo impuso su mayoría y pudo avalarlos. Los pliegos en cuestión son los funcionarios Fernando Brun, Roberto Diez, Mario Oyarzábal y Mariano Padrós.
También se dio acuerdo para la iniciativa relacionada con los alcances de la “declaración de jurisdicción nacional establecida en el artículo 1 de la Ley 14.772 de las redes de distribución eléctrica en diversos partidos del Gran Buenos Aires”.
Otro proyecto aprobado fue el que impulsó la legisladora del Peronismo Federal Sonia Escudero, que modifica el artículo 13 de la Ley 22.117 (Registro Nacional de Reincidencia), respecto de la “creación de una base de datos nacional de información estadística en materia de delitos”.
La Cámara alta, por otro lado, avaló la creación de juzgados federales en Santiago del Estero y Misiones, así como también una fiscalía federal en Neuquén, y una defensoría pública en Esquel.
Por otro lado, el Senado también se aprobó la celebración del 17 de septiembre de cómo el “Día Nacional de la Energía Eólica” -por la puesta en marcha del primer generador del parque eólico Antonio Morán, ubicado en la provincia de Chubut-, y la restitución, al gobierno de San Juan, de la bandera que capitaneó la Cuarta División del Ejército de los Andes, a cargo de Juan Manuel Cabot.
Finalmente, los legisladores acordaron convenios relacionados con los servicios aéreos con Qatar, la cooperación en materia veterinaria con Serbia, la asistencia judicial mutua en materia penal con Suiza, el cumplimiento de condenas penales con Ecuador, y sobre medio ambiente con Kuwait.
Los aplausos de Piumato
Durante la sesión, el Senado sancionó un proyecto –venía de la Cámara baja- que establece al 16 de noviembre como el “Día del Trabajador Judicial Argentino”.
En uno de los palcos de la Cámara alta se encontraba, al momento de la votación, el secretario general de los Judiciales, Julio Piumato.
Contento por la iniciativa sancionada, Piumato destacó en declaraciones periodísticas que lo avalado “es una reivindicación muy importante, será un día para que los judiciales fraternicen en familia”.
La fecha se refiere a la creación, en 1952, de la Confederación Judicial Argentina –luego llamada Federación Judicial Argentina-, que agrupa actualmente a todos los sindicatos judiciales del país, con excepción de los trabajadores de la Justicia Federal, y que fue disuelta por la autodenominada Revolución Libertadora de 1955.
