La Legislatura porteña realizará este jueves su habitual sesión ordinaria en la que debatirá unicamente el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri que establece penalidades – multa y arresto- para quienes atenten contra la libertad de prensa y expresión.
Tras el episodio ocurrido con los diarios Clarín, La Nación y Olé hace algunas semanas, el titular del Ejecutivo porteño promulgó el DNU Nº 2/2011 el que agrega tres artículos al Código Contravencional y que castiga a quienes impidan “la salida de medios gráficos e intimidaran u hostigaran a directivos, periodistas y otros trabajadores de la cadena de difusión para tratar de frenar la difusión de ideas y noticias”.
La norma regoce sus fundamentos de la letra de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Además señala que “las manifestaciones públicas posteriormente efectuadas por algunos de los actores involucrados permiten inferir que, lamentablemente, pueden repetirse en forma inminente hechos y pasividades similares”, agrega en los fundamentos del Decreto.
En ese marco el Poder Ejecutivo porteño incorpora al Código Contravencional el el DNU Nº 2/2011 como “Título VI “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión”, los artículos 119 bis, 119 ter y 119 quáter.
El primero dicta que “quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opioniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier modo perturbe esta actividad, será sancionado con una multa de 5.000 pesos a 50.000 o con arresto de tres a diez días”.
El “ter” señala que “quien intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución será sancionado” con las mismas penas.
En caso de que sean funcionarios públicos las sanciones se elevarán al doble.
El último artículo sanciona con multas de 2.000 pesos a 30.000 pesos o con arresto de uno a diez días al que “intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones”.
