En su paso por el Congreso de la Nación, el titular de la ANSeS sostuvo que todos los directores designados son “profesionales” y que se realiza sobre cada uno de ellos “un proceso de seguimiento”.
El director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio, justificó la mayor participación estatal en empresas privadas donde la institución que él lidera tiene presencia accionaria, algo que va en sintonía con el DNU relacionado con el tema que fue firmado este miércoles por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Bossio expuso este jueves ante la Comisión –especial- Bicameral de Control de Los Fondos de La Seguridad Social -Ley 26.425-, cuyo líder es el senador oficialista Eric Calcagno, que se reunió en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara alta.
El funcionario nacional señaló que todos los directores designados son “profesionales” y que se realiza sobre cada uno de ellos “un proceso de seguimiento”. Además explicó: “Antes no se podían ejercer los derechos políticos. Supongamos que la ANSeS tiene el 30 por ciento de acciones de una empresa, y el sector privado otro 30 por ciento. El privado podía ejercer derechos políticos y económicos; la ANSeS, los económicos en su totalidad y, los políticos, en un cinco por ciento”.
Bossio manifestó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es de 182.000 millones de pesos, y dejó en claro que una de las mejores decisiones administrativas fue “no vender en un principio las acciones de las AFJP, que valían 7.000 millones de pesos”. Actualmente, las mismas se cotizan en 22.000 millones de pesos.
Críticas opositoras
El primero en hacer uso de la palabra fue el senador y vicepresidente segundo de la Cámara alta, Roberto Basualdo, del Peronismo Federal, que pidió “poner personas idóneas” en los directorios de las empresas donde tiene participación la ANSeS, y sugirió que los elegidos “puedan ser aprobados” por la comisión que lidera Calcagno.
Por su parte, el diputado radical Gustavo Serebrinsky se quejó por “no poder acceder a las inversiones que realiza la ANSeS desde noviembre”, un pedido también realizado por la diputada de la Coalición Cívica (CC) Fernanda Reyes. Además, el legislador expresó: “Bajar los litigios –por los reclamos jubilatorios de actualización de haberes- es una responsabilidad de todos. Hay dictámenes de la Corte Suprema que nos presionan”.
Bossio se limitó a resaltar que se realizó “una auditoría externa” y que se “determinó que hay 14.337 juicios” son sentencia firme, y “14.000 que comenzaron a auditarse”, que “representarán un gasto de 2.500 millones de pesos”.
Fueron varios los legisladores que se quejaron por el DNU. Para la diputada socialista Alicia Ciciliani, “no hubo ninguna necesidad ni urgencia”, aunque el funcionario le contestó que dichos instrumentos “están previstos constitucionalmente”, mientras que el titular de la bancada radical en el Senado, Gerardo Morales, aseveró: “No comparto que esa decisión no pase por el Congreso”.
