Así lo dispone un proyecto de ley que aprobó la Cámara alta. Ahora deberá tratarlo Diputados. Prevé sanciones económicas para el funcionario que no cumpla con la obligación de publicar estadísticas actualizadas.
El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley de la salteña Sonia Escudero que modifica la ley de Registro Nacional de Reincidencia (ley Nº 22.117), estableciendo la obligación de la Dirección Nacional de Política Criminal -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- de publicar y elaborar estadísticas oficiales sobre la criminalidad en el país, actualizadas en forma mensual, las que deberán estar disponibles en Internet, al alcance de cualquier interesado.
Al respecto, la senadora Escudero resaltó “estamos tratando de que la población pueda acceder fácilmente, a través de Internet, a estadísticas actualizadas sobre criminalidad. Hoy sólo están disponibles los guarismos correspondientes hasta el año 2009”. Resaltó, asimismo, la importancia fundamental de disponer de información actualizada para “poder diseñar políticas adecuadas y para poder evaluar sus resultados, una vez que éstas son puestas en práctica”.
La norma, que ahora deberá analizar Diputados para su sanción definitiva, propone la creación de una base de datos nacional, a cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal, que se alimentará de información proveniente no sólo del ámbito de la justicia federal, sino, también, de aquella que provenga de las diferentes jurisdicciones provinciales.
La información será requerida en forma mensual, y con esa misma periodicidad deberá actualizarse. Deberá ser exhibida en el sitio web oficial de la mencionada dirección nacional, para consulta del público.
Por otra parte, la autora del proyecto, destacó que atendiendo la trascendencia de gestionar una materia como es la información estadística en materia de delitos, se incorporó un artículo que “prevé la imposición de una sanción de tres a seis sueldos mensuales al funcionario público a cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal que incumpla las tareas a su cargo”.
La norma plantea, además, que el Poder Ejecutivo deberá asignar las partidas presupuestarias necesarias para realizar tales tareas, fundamentalmente para atender la informatización de los organismos obligados a realizar tales trabajos: todos los tribunales del país con competencia en materia penal, los representantes del Ministerio Público ante esos tribunales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios y las Fuerzas Armadas.
Finalmente, dispone que el Ministerio de Justicia convoque a un grupo reducido de académicos y especialistas en estadísticas, derecho penal y procesal penal, y jueces con competencia penal, a fin de que propongan mejoras en “la tarea de recopilación, elaboración y exhibición pública de la información nacional de estadísticas en materia criminal”.
