Los opositores en la Cámara alta prefieren ir sesión por sesión y no especular con todos los temas que quieren aprobar. El oficialismo, que sólo tiene en agenda la iniciativa de lavado de dinero, sólo se preocupará por imponerse ante las embestidas antikirchneristas. El número le favorece. La regularización del INDEC, lejos de ser sancionada.
Luego de tres sesiones ordinarias, hay dos certezas en la Cámara alta: la primera es que el oficialismo es el dueño de los números a la hora de votar; y la segunda es que la agenda, de cara a las próximas sesiones, presenta pocos temas de suma importancia.
Por el lado del oficialismo, el bloque que lidera el rionegrino Miguel Ángel Pichetto tiene, como objetivo principal, tratar el proyecto de lavado de dinero que primero se debatirá, si hay acuerdo, en la próxima sesión que realice Diputados.
En la Cámara baja, el dictamen de mayoría, basado en la iniciativa que mandó el Ejecutivo, propone tipificar como delito autónomo el “Lavado de Activos”, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado “autolavado”. Además, en el texto se impone la ampliación del abanico de personas obligadas a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que tendrá facultades en cuestiones como “extorsión, trata de personas y delitos financieros”, y podrá constituirse como parte querellante.
Los diputados opositores, en su despacho de minoría, piden que dicho organismo de control sea “profesional, no politizado” y que su finalidad no sea “perseguir pequeños lavados”, sino aquellos que involucren grandes sumas.
El apuro del Gobierno nacional está directamente apuntado a evitar que Argentina sea sancionada por el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI), algo que podría ocurrir si no se sanciona el proyecto antes que finalice mayo.
Otro tema que está dispuesto a llevar al recinto el kirchnerismo es el relacionado con el nuevo régimen de contrato de trabajo para el personal de servicio doméstico, aunque durante una reunión que realizó la semana pasada la Comisión de Trabajo y Previsión social de la Cámara alta, que preside el senador de la UCR Alfredo Martínez, legisladores de todos los bloques reclamaron cambios en la iniciativa aprobada el 16 de marzo por Diputados, por lo que el tema tardaría en ser votado. De hacerlo con modificaciones, tendrá que volver a la Cámara baja (ver “El régimen de personal doméstico, con cambios).
Luego, la bancada del Frente para la Victoria -teniendo en cuenta que este es un año cargado de elecciones, y sabiendo que el número a la hora de votar le favorece- se dedicará a resistir los embates de los opositores. El motivo que desde las filas kirchneristas esgrimieron a Parlamentario es que no se puede seguir una agenda que “lesiona” al Gobierno nacional.
Opositores sin rumbo
Después de impulsar un temario con el que se prometía un regreso triunfal en el Congreso, los opositores volvieron a pensar más en octubre. Los caballitos de batalla como la consulta popular por el 82 por ciento móvil (primero debe tratarse en Diputados), y la actualización de los haberes jubilatorios según el caso Badaro y Sánchez, tienen todavía un largo trayecto a recorrer para llegar al recinto.
Un proyecto que sí pudo avanzar un paso en el Senado fue la regularización del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): el proyecto, que volvió con modificaciones de la Cámara baja, ya tiene un dictamen de mayoría de la comisión que lidera Martínez. Fuentes de la oposición manifestaron a Parlamentario que “se está intentando trabajar en el número” para no sufrir una derrota en el recinto. Esa tarea, por ahora, resulta muy complicada.
La iniciativa en cuestión, que establece, entre otras cosas, que “se cerrarán todas las investigaciones sumariales realizadas al personal desde el 31 de diciembre de 2006 y hasta la asunción del director interventor”, ya fue rechazada por el oficialismo: el bloque kirchnerista señaló en un comunicado que el dictamen no tiene validez, “ya que dos de los ocho senadores” que firmaron “estuvieron ausentes en la reunión de la comisión”, que son la peronista federal Liliana Negre de Alonso, y la representante de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara alta, María Eugenia Estenssoro.
En el comunicado también se detalla que el documento “es doblemente inválido debido a que el tratamiento del proyecto no estaba en la convocatoria” de la reunión, y se explica: “El temario de la reunión contemplaba la designación de autoridades y el cronograma de reuniones de este año, como es habitual en todo primer encuentro del año de una comisión”.
La normalización del INDEC fue votada en el recinto del Senado el 11 de agosto de 2010. Si el tema llega al recinto, se deberá insistir con el proyecto original, o bien ratificar las modificaciones que impuso la Cámara baja. Lo que impide el tratamiento son los ajustados números a la hora de hacer el porotómetro.
Por otro lado, los legisladores opositores esperan, para la próxima sesión –será el 4 de mayo-, aprobar un dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas por los contratos -desde 2003 hasta 2007- relacionados con el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). El despacho de mayoría pide que se deslinden responsabilidades, se determine el eventual perjuicio fiscal y se remitan las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a la Oficina Anticorrupción, y a la Justicia Federal.
Basura electrónica
En la última sesión realizada en el Senado quedó pendiente (por lo menos con despacho de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) un proyecto del senador oficialista y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Daniel Filmus, que impone, en su primer artículo, los “presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en todo el territorio de la Nación”.
Para el tratamiento de este tema no habría muchas discrepancias entre los legisladores, por lo que podría votarse en el recinto el 4 de mayo.
Los objetivos de la iniciativa son “proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los RAEE; promover la reducción de la peligrosidad de los componentes de los AEE; incorporar el Análisis del Ciclo de Vida en los procesos de diseño y producción de los AEE; promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los RAEE; reducir la disposición final de los RAEE”; y “mejorar el comportamiento ambiental de todos aquellos que intervienen en el ciclo de vida de los AEE”.
Por último, y para el 11 de mayo, se espera la presencia en el recinto del Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, para dar conocimiento sobre diferentes puntos de gestión.
