Increíblemente los hechos más conflictivos y complicados para el Gobierno nacional se traducen en el último día hábil de la semana. Podríamos hablar de los “viernes negros” para el kirchnerismo. Recuérdese Parque Indoamericano, Club Albariños, la estación Constitución, y el amague de paro general por el exhorto suizo para los Moyano… Esta vez, con la Presidenta reposando tras su episodio de hipotensión, la oposición tuvo su “viernes negro”.

Arrancó bien temprano, con la esperada publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación de la parte más sustanciosa de la Ley Electoral, que entre otras cosas confirma definitivamente algo que insólitamente muchos dirigentes no oficialistas se empecinaban aún en negar: la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero más allá de eso, se confirmó la vigencia de las “colectoras”, que operarán bajo el eufemismo de “listas de adhesión”, y límites estrictos en materia de publicidad.

Este último dato preocupó especialmente a la oposición, si bien esa limitación ya había quedado clara al promulgarse la Ley 26.571. En su artículo 31, la norma establecía que “la publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los 20 días anteriores a la fecha de las elecciones primarias”. Pero más allá de sea limitación temporaria, había ya otra que complicaba más, y que se leía tres artículos más adelante: “Las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias”.

Estas restricciones rigen obviamente también para las presidenciales, y establecen en el artículo 35 que la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público con citación a las agrupaciones políticas que participen en las elecciones primarias, los espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y por suscripción, según lo dispuesto en la ley de financiamiento de los partidos políticos. He ahí la reglamentación que desató la indignación de dirigentes opositores, al advertir limitaciones muy importantes en los horarios de difusión de los spots electorales.

Según la reglamentación establecida por decreto, los medios audiovisuales deberán ceder el 10% de doce horas de programación diaria, en franjas que van de 7 a 12 -el 35% de esa hora y 20 minutos cada medio deberá destinar por día a la campaña-; de 12 a 16 -el 30%-; de 16 a 20 -el 25%-, y de 20 a 1 -el 10%-. Esa hora veinte diaria estará a su vez dividida entre candidaturas a presidente, gobernador, legisladores nacionales y provinciales, lo que evidentemente atomiza aún más el espacio disponible.

Así las cosas, el horario más visto (el prime time) será el que menos oferta electoral tendrá. Un alivio sin duda para los televidentes, pero un fuerte dolor de cabeza para los dirigentes de la oposición que consideran que perderán una herramienta fundamental, mientras que el Gobierno no cuenta con restricciones, pues la difusión de obras y actos públicos se mantendrá a la orden del día, y en horarios centrales, como por ejemplo sucede con Fútbol para Todos.

El tema ya venía preocupando sobre todo a un dirigente de la oposición que siempre se valió de los medios audiovisuales para hacer el grueso de su campaña, el diputado Francisco de Narváez, que hoy cuenta con spots ya listos y en los que confía fuertemente, pero no encuentra espacio para difundirlos. Según confiaron a Parlamentario allegados al candidato, se encontraron con cerradas negativas de los canales, asustados por el artículo 34 de la Ley 26.571, que advierte que “si una emisora, ya sea televisiva o sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en violación al presente artículo, será considerado falta grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por el artículo 106 de la ley 26.522, notificándose a sus efectos a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

La amenaza rige también para las fuerzas: “Si una agrupación política contratara publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción, será sancionada con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de uno a cuatro años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una a dos elecciones de aplicación en la elección general correspondiente”; y también para los políticos: “Los precandidatos y el responsable económico-financiero de la lista interna que contrataren publicidad en violación al primer párrafo del presente artículo, serán solidariamente responsables y pasibles de una multa de hasta el cuádruplo del valor de la contratación realizada”.

Las protestas que ahora se escuchan estuvieron apagadas a la hora de la discusión del proyecto. Es que ante los serios problemas de financiamiento recurrentes en los partidos, no les dejaba de resultar simpático que las restricciones para aquellos con mayores recursos. Aunque ahora no dejen de quejarse por caer en cuenta de la relación desigual con el Gobierno de turno.