La radarización ha avanzado poco y nada en el país. O mejor dicho nada, en relación con el avance que ha registrado en cambio el narcotráfico. Ante ello, varios diputados tienen como objetivo que el tema tome impulso en el Parlamento. La polémica en ciernes es la consiguiente sanción de una ley de derribo.
Si bien en sus tiempos de apogeo, el activo Aníbal Fernández minimizó la importancia de ampliar la radarización, fue el propio Néstor Kirchner el que durante su Gobierno hizo una promesa en ese sentido. Algo que la oposición hoy recuerda a la hora de cuestionar la postura oficial.
La cuestión parece tomar nuevo impulso tanto desde el Poder Ejecutivo -donde algunas fuentes aseguraron a Parlamentario que la postura de la ministra Nilda Garré es contraria a la del jefe de Gabinete y favorable en consecuencia a la radarización-, como desde el Congreso nacional. Otro tanto sucede con la ley de derribo donde la polémica gira en torno a aceptar o no la posibilidad de destrucción de aeronaves hostiles en el marco de la persecución.
La falta de control
Los vuelos ilegales y la falta de control del espacio aéreo vuelven a ser puestos en discusión. En efecto, numerosos hechos dan cuenta de que la vía libre en el aire es aprovechada fundamentalmente por el narcotráfico.
En julio de 2010, la Gendarmería Nacional secuestró en Chaco una avioneta con 800 kilos de marihuana luego de que realizase un aterrizaje de emergencia en un campo de algodón. En Ibicuy, Entre Ríos, una familia rural se convirtió en blanco de los narcotraficantes luego de que encontrasen en sus terrenos una carga de 28 kilos de marihuana el septiembre pasado. Desde aquel entonces los Maglioni -que cuentan con custodia policial- reciben amenazas, disparos y las avionetas sobrevuelan su propiedad a baja altura para intimidarlos y reclamarles aquello que no llegaron a recoger.
En Formosa, la Gendarmería logró incautar en octubre más de 2.400 kilos de droga que estaba oculta bajo bolsas de maíz dentro de un camión. El valor de lo incautado supera los nueve millones de pesos.
Pero los casos no sólo se concentran en zonas rurales. El verano pasado se secuestraron en España más de mil kilogramos de cocaína que habían partido de la base aérea de Morón.
El problema gira en torno a cómo controlar el espacio aéreo con el propósito de frenar el tránsito ilegal de naves no autorizadas y sospechadas de traficar drogas, armas o personas. Al respecto, los proyectos de radarización volvieron a tomar impulso y el Ministerio de Planificación anunció la contratación de la empresa INVAP para la construcción e instalación de radares.
En tanto, desde el Congreso Nacional se presentaron proyectos para controlar el espacio aéreo que contemplan la posibilidad de derribo, de empadronamiento de pistas aéreas y de control aéreo de la frontera nacional del norte del país.
Debate sobre la radarización
La radarización tiene dos objetivos bien determinados: ayudar a los aviones comerciales en sus vuelos, despegues y aterrizajes, y brindar seguridad de modo de identificar aviones que realicen vuelos ilegales, cargados con drogas, armas, explosivos o mercadería de contrabando. La controversia aparece principalmente al hacerse referencia al último caso y se puede decir que sin radares el Estado está ciego.
Los proyectos de radarización se sucedieron en los gobiernos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El último impulso se hizo en 2004 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner dictó el decreto 1407, por el cual se derogó el Plan Nacional de Radarización, y estableció la radarización del espacio aéreo argentino creando el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. La intención era disponer en 2009 de 69 radares en funcionamiento, pero fracasó. Actualmente se ha reemplazado al Ministerio de Defensa por el Ministerio de Planificación para encabezar el proyecto y se contrató a la empresa estatal Investigaciones Aplicadas (INVAP) para la construcción, mantenimiento e instalación de radares que hasta el momento alcanzan un total de ocho.
Empero, desde el Gobierno nacional se encuentran distintas posiciones. Como decíamos al principio el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, rechazó recientemente que la solución al ingreso de drogas a Argentina sea la radarización, caracterizando por el contrario esa alternativa como “una de las tantas zonceras argentinas”.
El ministro Fernández argumentó que “Argentina tiene la Ley 23.399, que dice que adherimos a los protocolos de seguimiento de aviación, que indican un montón de procedimientos a cumplir” y agregó que “la mayoría de los aviones no llegan al suelo, tiran los paquetes de drogas, por lo que la solución sería enviar un avión caza, y eso está prohibido en esos tratados”.
Según el diputado del PRO Julián Obiglio, “la frontera argentina es un colador, y eso está acarreando graves consecuencias para el país. El Gobierno Nacional se hace el distraído, por ello hemos presentado este proyecto que da una solución definitiva e integral al problema. El Plan de Protección Aérea es una propuesta concreta Y de rápida implementación. La instalación de radares que permitan monitorear el espacio aéreo y la provisión de aeronaves militares debidamente equipadas para que la Fuerza Aérea Argentina pueda accionar sobre los vuelos irregulares son sus dos pilares básicos”.
La ley de derribo
El debate sobre la radarización encuentra su complemento en la lógica de persecución, puesto que un radar sin un avión interceptor no tiene sentido. Y a su vez, se pone en duda la razón de la intercepción si esta no puede contar con órdenes de disparo.
Chile, Colombia y Brasil tienen ley de derribo. Las fuerzas brasileñas abrieron fuego por primera vez en junio pasado, habiéndose promulgado en 2004 por Lula da Silva, cuando un avión de combate disparó ráfagas de cañón como advertencia sobre una avioneta que se negaba a acatar la orden de aterrizaje. Sin embargo no se tiró al blanco, porque la avioneta aterrizó de inmediato.
Si bien Argentina no posee una ley de derribo, se han presentado diversos proyectos de ley que establecen la posibilidad de la destrucción de naves consideradas hostiles: de “modificación del Código Aeronáutico” presentados por los ex diputados Miguel Angel Iturrieta y Lia Fabiola Bianco (FpV); de “control de espacio aéreo y modificación del Código Aeronáutico” presentado por el entonces diputado Eugenio Burzaco (PRO) y el diputado Francisco de Narváez (Peronismo Federal).
Asimismo este año se han presentado dos proyectos de ley: el diputado nacional Carlos Urlich (UCR) presentó en marzo un proyecto “para la interceptación y control aéreo del narcotráfico”; en tanto que el PRO y el Peronismo Federal elaboraron un “Plan Nacional de Protección Aérea de la frontera norte”. Todos estos proyectos establecen un protocolo de intercepción de aeronaves no identificadas, con acciones que comienzan con el reconocimiento y el contacto radial y finalizan en la situación extrema de disparos de derribo.
En el caso del proyecto auspiciado por el PRO y el Peronismo Federal, la iniciativa corresponde a Julian Obiglio, y propone la creación de un Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte de nuestro país, para terminar con el tránsito ilegal de naves no autorizadas y sospechosas de traficar drogas, armas, divisas, y/o personas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de los macristas Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Jorge Triaca, Paula Bertol, Soledad Martínez, Silvia Majdalani, Gladys González y Christian Gribaudo, más los peronistas federales Francisco de Narváez, Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari y Enrique Thomas, además del mendocino Omar De Marchi y la porteña Cynthia Hotton. El proyecto busca establecer un plan integral para garantizar la inviolabilidad del 100% del espacio aéreo correspondiente a la frontera nacional del norte, con el objeto de luchar contra el tráfico, tanto de ingreso como de egreso al país, de drogas, armas, explosivos, divisas y/o personas.
El proyecto de ley presentado por el diputado Urlich crea el “régimen para la interceptación y control aéreo del narcotráfico”, y establece que “toda incursión aérea en operaciones de tráfico de drogas se considerara como una violación a la soberanía de la Nación y a su integridad territorial, debiendo ser tratado como acto de agresión”.
La norma autoriza al Estado, a través de la Fuerza Aérea Argentina, “a efectuar el control de todos los movimientos aéreos, en el espacio aéreo de jurisdicción nacional, la vigilancia, interceptación, desvío y eventual derribamiento y destrucción de aeronaves involucradas en el trafico internacional de drogas”.
Hasta el momento el Estado cuenta con pocos radares, pocos aviones y no posee ley de derribo. A pesar de esa limitación, ha aumentado el número de secuestros de avionetas y sus cargas por parte de las fuerzas de seguridad, y el Gobierno promete avanzar en la radarización del espacio aéreo nacional. Mientras tanto, el tiempo pasa y el narcotráfico se afianza, y a partir de esas “facilidades” que encuentra en nuestro medio ha convertido a nuestro país en un puente directo hacia el Viejo Mundo.
