“Se deben defender con celeridad los derechos e intereses de los trabajadores y el pueblo todo de Jujuy en este justo reclamo”, expresó el titular de la bancada radical en la Cámara alta, Gerardo Morales, en relación con el debate sobre el proyecto de resarcimiento a los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla.
La iniciativa fue trata este mismo miércoles en un plenario de las comisiones de Trabajo, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Allí, el oficialismo pidió 15 días más para revisar aspectos del texto, dejando en claro que el objetivo final era “ayudar a los trabajadores”. Los opositores insistieron en firmar el despacho de mayoría.
El dictamen en cuestión, al faltarle una firma, no estaba en condiciones de ser debatido en el recinto. Es por ello que las bancadas acordaron dejar el tema –tendrá preferencia, con dictamen de comisión- para ser votado el 1 de junio.
Morales señaló en un comunicado: “Esperamos el cumplimiento del compromiso del Frente para la Victoria para la sanción. Los ex trabajadores desde hace 19 años luchan por cobrar lo que les corresponde. El desguace de la unidad de negocios y la transferencia de la propiedad son causales de delito”.
En el comunicado se detallan los siguientes antecedentes: “En Julio de 1992, entre las privatizaciones impulsadas por el gobierno menemista, se concretó la de Altos Hornos, industria que empleaba en ese momento a casi 5000 obreros y empleados, resultando adquirente la sociedad anónima Aceros Zapla (con el CITIBANK como agente financiero). La misma debía mantener por 10 años la actividad de los Centros Siderúrgico, Forestal y Minero. Además, según las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria debía integrar el PPP con, como mínimo, el 10 por ciento del capital social, con la entrega de las acciones respectivas, sus dividendos y el pago del Bono de Participación de Ganancias a los trabajadores”.
Además agrega: “En la actualidad, Aceros Zapla apenas emplea a 700 personas, y los centros productivos están en un franco proceso de vaciamiento. En especial, el Centro Forestal, donde la adquirente incumplió todo contrato, concretando el desmantelamiento y la venta a terceros en 1998, para luego presentarse en concurso preventivo y producir un proceso de reducción de personal con despidos masivos”.