Los senadores de la Comisión de Salud, junto a representantes del INCUCAI, de la Sociedad Argentina de Trasplantes, familiares y pacientes trasplantados, avanzaron con el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la salteña Sonia Escudero para crear un sistema de protección integral para las personas trasplantadas.

El objetivo es facilitar “su integración familiar y social, mediante la atención médica integral, educación, seguridad social e inserción laboral”. Hay acuerdo de los bloques mayoritarios para llevar la iniciativa al recinto en la sesión prevista para el 1 de junio.

La norma, no sólo beneficiará a las personas trasplantadas, sino también a aquellos que estén esperando un órgano para la realización de un trasplante y que se hallen inscriptas en lista de espera del Instituto Nacional Central Único de Ablación e Implante (INCUCAI).

Luego de la reunión, la senadora Escudero recibió en su despacho de la Cámara alta a los representantes de la Asociación Civil Centro Juvenil Esperanza de la provincia de Salta, Mirta Rivero y Ramiro Tudela, quien además de haber recibido un trasplante es miembro del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI. Estuvo presente, además, el secretario del mencionado Consejo asesor Alejandro González, uno de los impulsores de la iniciativa.

En los fundamentos de su proyecto, la senadora Escudero advirtió que “no existe norma que contemple los derechos de los ciudadanos trasplantados”. Uno de sus principales planteos es que -salvo en algunos pocos casos- no son contemplados por la ley de discapacidad y, por lo tanto, no acceden a los derechos y beneficios previstos en la misma. Asimismo, este sector de la población tiene dificultades para conservar el empleo o para insertarse en el mercado laboral. Además, tienen dificultades para adquirir los medicamentos, contando únicamente con la cobertura de los remedios inmunosupresores por parte del Estado, no así la de los “remedios colaterales”.

Según datos correspondientes a 2010, se encuentran registradas en el INCUCAI 18.100 personas trasplantadas. El 55% de las personas que han recibido un trasplante y se encuentran en edad de trabajar, no poseen empleo.

De aprobarse esta norma, las obras sociales y las empresas medicina prepaga deberán brindar a las personas transplantadas una cobertura del ciento por ciento en la provisión de medicamentos, así como en los estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud.

Por otra parte, el proyecto dispone que la Secretaría de Transporte deberá otorgar un “Pase Libre” que garantice a los trasplantados el uso gratuito de cualquier medio de transporte de pasajeros. Tratándose de niños y adolescentes, también se otorgará un “Pase Libre” para el acompañante.

Finalmente prevé que el Ministerio de Salud de la Nación deberá “promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten a toda persona transplantada que carezca de recursos suficientes, la adquisición de una adecuada unidad habitacional o la adaptación de su vivienda a las exigencias que su condición de transplantada le demande”.