El diputado Fernando Iglesias cuestionó la reglamentación de la reforma política en lo que respecta a la publicidad oficial. Criticó también a Carta Abierta y los cuestionamientos a Vargas Llosa.
Por Pablo Riveros
Periodista y escritor, hoy Fernando Iglesias es uno de los diputados de la oposición más críticos del oficialismo. Desde esa posición, el legislador de la Coalición Cívica cuestionó ante Semanario Parlamentario el manejo de los recursos de la campaña hechos por el kirchnerismo y la necesidad de contar con cuentas bancarias multimillonarias para encarar una elección. Rechazó también la existencia de un monopolio mediático y dice que, por el contrario, fue una excusa para construir uno a favor del Gobierno.
– Como escritor, ¿qué opinión le merece toda la controversia generada en torno de la presencia de Vargas Llosa en la Feria del Libro?
– Revela lo que es Carta Abierta: un grupo de intelectuales que no lo son. Porque en primer lugar el deber de todo intelectual es defender la libertad de las ideas. Y que uno de ellos, ex amigo mío, sea hoy director de la Biblioteca Nacional, agrava aún más la situación, porque ya no habla como intelectual comprometido, sino como uno de los funcionarios culturales más importantes del Gobierno. Una verdadera vergüenza y un verdadero papelón, pero muy coherente con lo que es Carta Abierta y con lo que ellos piensan que debe ser la actividad intelectual, que es propaganda a favor del Gobierno.
– ¿Qué posición tiene respecto de la normativa reglamentada por el Poder Ejecutivo que limita la publicidad electoral audiovisual?
– Me parece que es inclinar aún más una cancha ya inclinada. Desde luego que es necesaria esta limitación. Tenemos el caso de la campaña de Francisco de Narváez, que invirtiendo millones de dólares de su bolsillo se posicionó electoralmente. Este es un gran punto en contra. Desde la época de Alfonsín, de ahí para adelante, Argentina ha sido gobernada por personas con cuentas bancarias multimillonarias, como Menem, como Duhalde; quizás en menor medida, oficialmente, De la Rúa, Néstor y Cristina Kirchner. Un país donde parece ser una precondición ser extraordinariamente rico, es una alteración grave de las reglas de la democracia. Ahora, en el contexto actual, donde el Gobierno utiliza desenfadadamente los recursos públicos para hacer su campaña electoral, está claro que lo hace no porque le interese resguardar la democracia. De hecho, la Presidenta, poseedora de millones de dólares, lo que hace es inclinar aún más la cancha, haciendo que el Gobierno compita en condiciones más ventajosas a las que ya tiene, al financiar su campaña con la plata de todos los argentinos. Ni hablar de la campaña anterior, que financiaron con aportes de los traficantes de efedrina, con prepagas, y con el famoso valijazo de Antonini Wilson. Miren la lista de los diez primeros aportantes a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y van a ver cuantas prepagas hay.
– ¿Considera qué se está armando un multimedios oficial?
– Eso está a la vista. Y esa era la intención desembolsada de la Ley de Medios, que es una vergüenza que la hayan llamado la Ley de Medios de la democracia. Lo denunciamos en su momento, no se nos escuchó y eso fue exactamente lo que pasó. Con la excusa de combatir contra un supuesto monopolio que no es tal, porque uno puede señalar que hay una alta concentración en el mercado de las comunicaciones en Argentina, pero monopolio de ninguna manera. Con esta excusa oportunista contra quienes anteriormente habían sido sus socios, lo que se intentaba era disparar un monopolio a favor del Gobierno. Lo he denunciado, está en todos mis discursos, en todos los foros en los que he participado, y ahí está a la vista de todos.
– Estos días se ha generado una polémica en torno a la participación del Estado en empresas privadas. ¿Por qué cree que puede tornarse peligroso que el Gobierno tenga mayor peso en determinadas empresas? ¿Piensa qué esto puede afectar al normal funcionamiento de las empresas?
– El Estado tiene formas de controlar a las empresas, lo que no necesariamente implica que tengan que estar dentro del directorio. Acaso todas las empresas en las cuales el Gobierno no tiene un director, que son la absoluta mayoría de la economía argentina, ¿no las puede controlar? El Estado tiene otras formas de controlar a las empresas, que meter un director en las reuniones de directorio. Esa es la primera gran falsedad que dice el Gobierno. En segundo lugar, está muy claro que acá hay una violación de las reglas. Porque si una empresa le vende acciones al Estado voluntariamente, tiene que aceptar que el Estado tenga una representación en el directorio. Pero no fue eso lo que sucedió en Argentina. Las empresas fueron a la Bolsa, las AFJPs compraron en la bolsa, y el Estado se quedó con esas acciones en una forma de muy dudosa constitucionalidad que borraba con el codo todo un régimen que había sido establecido y que estaba vigente. De manera que los directores se meten por la ventana. Lo primero que tiene que hacer el Estado es darle la opción a las empresas de recomprar esas acciones antes de imponerles un director. Además si van a imponerles directores como Moreno que ya hemos visto el triste papel que ha hecho con los guantes de box en una asamblea de Papel Prensa, es un verdadero mamarracho.
– ¿Es peligroso que el Estado tenga más peso en las empresas o que este Gobierno en particular lo tenga?
– Creo que tiene que ser una decisión de la empresa aceptar como socio al Estado y tenerlo en el directorio. Si la empresa lo toma, es una responsabilidad de ella. Que el Estado se meta sin consultarlo nos parece violatorio de derechos, y especialmente este Estado, donde los funcionarios son gente como Guillermo Moreno. Además hay una cosa que el Gobierno no parece entender o que hace que no entiende, y es que hay un conflicto de intereses muy fuerte. Supongamos que el directorio de una empresa está tratando el tema de la redistribución de ganancias y se pregunta por ampliar la producción, por poner una nueva planta y crear trabajo, o ponérsela en el bolsillo. Ante esa situación, un director puesto por el Estado o representa a los intereses de la empresa o representa los intereses del Estado. Al Estado le interesaría que esos fondos fueran reinvertidos y que crearan más trabajo. Quizás a la empresa no le conviene, entonces ahí hay un conflicto de intereses. ¿A quién va a representar? Si representa a la empresa, traiciona su rol como funcionario del Estado. Y si está en el directorio de una empresa en la cual se metió por la ventana representando intereses que son contrarios, transitoriamente, a los de la empresa, está muy claro que ahí entran en conflicto los intereses. Entonces pensar que los intereses de las empresas y los intereses del Estado son siempre divergentes, como a veces hace el Gobierno, es una locura. Pero pensar que son coincidentes es neoliberalismo. Si no hubiera tensión entre los intereses de las empresas y los del pueblo, no haría falta un Gobierno, que es lo que dicen los neoliberales: “Dejen que las empresas prosperen y va a haber bienestar para todos”.
– ¿Usted está de acuerdo con eso?
– Justamente yo que no creo eso, creo que el Estado tiene que existir. Pero es distinto a que el Gobierno ponga un director que es como un servidor de dos amos. Lo que tiene que hacer el Estado es lo que no hace. Las empresas siguen teniendo un altísimo nivel de trabajo en negro, tiene niveles de contaminación muy altos que apenas uno sale a la calle los encuentra: los colectivos, el riachuelo, las empresas mineras. El Estado que tendría que controlar estas cosas, no lo hace. Y con el cuento de la quiere controlar pone un chico de La Cámpora o de Moyano frente a los directorios. Es una payasada. Los argumentos del Estado es: “queremos defender a los jubilados y queremos defender a los intereses de la población”. Nosotros hicimos la siguiente cuenta: con el dinero que el Estado tiene en las empresas, el valor de esas acciones si fueran al mercado, serían suficientes para pagarle a todos los jubilados que tienen juicios ganados contra el Estado y la ANSeS dice que no tiene plata para pagarles. Segundo, se podría recomprar YPF al valor del mercado y Argentina tendría una empresa estatal o mixta como la que tiene Brasil con Petrobras. Tercero, se podría rehacer toda la red ferroviaria que se destruyó en los noventa y la gente dejaría de viajar como ganado.
– ¿La Coalición Cívica se presentará sola en las próximas elecciones?
– Vamos a ir con todos los ciudadanos argentinos que se oponen a que el país sea gobernado por los corruptos, los mafiosos y las patotas.
– ¿Hay posibilidad de qué vayan acompañados con otras fuerzas políticas?
– No tenemos ninguna información de que vayamos a ir en una alianza más amplia. Eso no quiere decir que no, pero por ahora no hay ningún elemento que nos indique que si. La Coalición Cívica ha definido en enero que la única fórmula presidencial en carrera es la de Elisa Carrió para presidente, Adrián Pérez para vicepresidente; Alfonso Prat Gay para ministro de Economía; ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; ministro de Desarrollo Social, “Toty” Flores. Estamos decididos a ir con esa fórmula junto a todos los argentinos que quieren transformar el país. Ni descartamos ni confirmamos. Hoy por hoy no hay nada que indique que vaya a suceder una alianza.
– ¿Piensa renovar su banca cómo diputado?
– Para eso tienen que suceder tres cosas. Primero, que a la Coalición Cívica le interese que renueve mi banca. Segundo, que yo lo acepte. Y tercero, que la gente me vote.
