El pasado 3 de mayo, el mundo ha celebrado una vez más el Día Internacional de la Libertad de Prensa: una fecha en la que se recuerda que poder pensar y expresarnos son Derechos Humanos inalienables, y que no hay amenaza o agresión que pueda probar lo contrario.

Este derecho a la libertad de expresión es amplio y multiforme y su respeto no se alcanza exclusivamente con la facultad de publicar sin restricciones. Para poder ejercerlo con plenitud, es también necesario gozar del derecho a buscar, recibir y difundir aquella información que fortalezca nuestras opiniones. El derecho al acceso a la información pública es, en consecuencia, una parte fundamental de la libertad de expresión.

En este sentido, la Argentina tiene este año buenos motivos para celebrar el 3 de mayo: el pasado septiembre de 2010, la Cámara de Senadores dio media sanción a la Ley de Acceso a la Información Pública. Se trata del primer paso sólido hacia la consecución de un marco jurídico, conforme a los estándares regionales e internacionales en la materia.

Este logro legislativo ha sido incluso señalado con beneplácito por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe anual. La sanción definitiva de esta ley incluirá a la Argentina en el creciente colectivo de naciones americanas que han instrumentado y reglado este derecho, mejorando sustancialmente la calidad democrática de sus instituciones.

Una ley de acceso a la información pública como la que hemos aprobado en el Senado otorga credibilidad a los poderes del Estado, puesto que garantiza la transparencia de sus actos e incrementa el nivel de responsabilidad frente a los gobernados. Al mismo tiempo, reconoce a nivel nacional una garantía universal protegida por el Derecho Internacional.

Pero aún resta un paso para la transformación plena de este derecho en Ley, y este es su sanción por parte de la Cámara de Diputados. Sólo allí podremos decir que la primera parte de esta inagotable tarea ha sido terminada. La conquista de este hito no sólo requiere del debate y la voluntad política de los integrantes de la Cámara Baja, sino que requiere la participación de todos.

Es fundamental que los actores sociales en su conjunto -funcionarios, particulares, Organizaciones No Gubernamentales, medios de comunicación, estudiantes- conozcamos en profundidad los límites y alcances de este derecho, así como también el texto de la futura ley que lo reglamenta, de manera tal de mantenerlo siempre vigente en nuestras agendas y presente en nuestras acciones. De este modo, podremos hacer de la Ley de Acceso a la Información Pública una realidad legislativa y operativa que marque irreversiblemente el destino de nuestro sistema democrático.

Ojalá el Informe 2011 de la Relatoría de la CIDH pueda celebrar la sanción de esta ley, entre tantos otros logros de la República Argentina en materia de Libertad de Expresión.

El dr. Samuel Cabanchik es senador nacional del ProBaFe. Autor del dictamen de Libre Acceso a la Información Pública